El diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI) propone reformar el artículo 390 del Código Penal Federal para aumentar las penas a quienes cometan el delito de extorsión, al imponer de dos a diez años de prisión y de 500 a mil días de multa, con independencia de las sanciones correspondientes por formar parte de una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, precisa que dichas sanciones serán para quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial.
También, al que sin derecho obligue a un comerciante a adquirir un bien o servicio de un tercero, lo requiera o no; obligue a un comerciante al pago, por medio de dinero, en especie o cualquier otro, a cambio de permitir el libre desarrollo de su actividad comercial, y obligue a servidor o servidora pública a permitir una actividad comercial.
Plantea que cuando el delito sea cometido por alguna servidora o servidor público, algún integrante o ex integrante de una institución policial, de investigación, de procuración de justicia o de las Fuerzas Armadas, la pena se incrementará hasta en una mitad.
El diputado Iriarte Mercado expone que la iniciativa obedece a la necesidad de atender este problema urgente y actualizar un tipo penal que no ha sido reformado hace casi 30 años (13-enero-1994), cuya conducta punible ha evolucionado dolorosamente, trastoca cada vez más la calidad de vida de las y los mexicanos y requiere de cambios para mantenerlo vigente.
Argumenta que la extorsión contra los negocios es el delito más cometido a nivel nacional y particularmente en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, es decir en 21 de las 32 entidades. Y en 5 más, como Coahuila, Colima, Guanajuato, Estado de México y Tlaxcala, es el segundo que más se comete.
“Este delito es el más habitual en contra de las micro, pequeñas y medianas unidades, por delante del robo o asalto de mercancía, insumos o bienes y otros delitos, mientras que es el tercero más frecuente en contra de grandes unidades, de acuerdo con el Inegi”, añade.
Relata que, durante 2021, 67.6 mil delitos de extorsión fueron cometidos en la calle, en el establecimiento, cobro de piso y derivados y 44.8 por ciento de estos casos fueron pagados por las víctimas, evidenciando el miedo que reina en las y los mexicanos frente a dichos ilícitos.
Destaca que para atender esta problemática resulta indispensable fortalecer los instrumentos jurídicos que deriven en el castigo de estas conductas, ya que cifras demuestran que el 98.9 por ciento de los delitos de extorsión cometidos contra empresas no se denunciaron o no se iniciaron carpetas de investigación, “obligándonos como legisladores a revisar y solidificar el marco normativo que dé mayor confianza a la ciudadanía y herramientas de actuación a las autoridades”.
El delito de extorsión está impactando en la seguridad y en la tranquilidad de las familias mexicanas, en su economía y bolsillo, convirtiéndolo en un problema de urgente atención por la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo, señala.
