Los abusos policíacos, que llegan a la tortura y desaparición momentánea contra la población y en particular contra los emigrantes, es algo que se mantiene en el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguraron defensores de derechos humanos como Alberto Xicoténcatl Carrasco y Laura Patricia Rodríguez Martínez, director de la Casa de Migrante en Saltillo y abogada del Centro Fray Juan de Larios, respectivamente.
Ambos coinciden en que la impunidad que registra Coahuila es alta y provoca que no haya denuncias en muchos casos de los abusos policíacos.
A ello se suma que instituciones como la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos del estado no consideran que los abusos tienen connotaciones de graves violaciones a los derechos humanos y los clasifican de diferente manera.
En tanto, el director del Consejo Cívico de las Instituciones de la laguna, Marco Antonio Zamarripa González, se refirió a la cuestión financiera y consideró que no es el momento de llevar a cabo un refinanciamiento de los casi 40 mil millones de pesos que actualmente tiene Coahuila de deuda bancaria y que Riquelme Solís anunció hace unas semanas.
Consideró que los planes del mandatario provocarán que se amplíe el plazo para pagar, que actualmente tienen de vencimiento la mayor parte de los créditos al 2056, a cambio de reducción en los montos a pagar mensualmente.
Cabe destacar que el gobierno estatal se ha mantenido con créditos a corto plazo solicitados bajo el argumento de “insuficiencias de liquidez de carácter temporal”. Tan solo en noviembre y diciembre obtuvo dos mil 255 millones de pesos para el pago de deudas a proveedores y pago de aguinaldos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene al estado en observación, con foco amarillo, por considerar que su capacidad de pago está limitada en proporción a sus ingresos.
