Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió a partidos políticos y legisladores la suspensión para el efecto de que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no se apliquen en el Estado de México y Coahuila, entidades que este año renovarán sus gubernaturas.
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados federales y senadores de oposición, así como por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, mientras que la que interpuso el partido local de Jalisco “Hagamos”, fue desechada.
El juzgador argumentó que resulta procedente otorgar la suspensión, pues es necesario preservar la materia del juicio, toda vez que de aplicarse el criterio interpretativo en los procesos electorales que se llevan a cabo en Coahuila y Estado de México podrían afectarse los bienes jurídicos en juego que forman parte del proceso participativo y de los procesos electorales.
Pérez Dayán puntualizó que de no concederse la medida cautelar se ocasionaría un daño a la sociedad, pues se modificarían las reglas previstas para los procesos electorales que se desarrollan en el país.
Agregó que se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos, ocasionando daños irreversibles para el derecho ciudadano de revocación de mandato y todos los derechos inmersos en los procesos electorales.
Destacó que el decreto impugnado se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución federal.
Hasta el pasado sábado 18 de febrero, la SCJN había recibido 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales contra el plan B, de las cuales 7 acciones de inconstitucionalidad y 18 controversias fueron turnadas a la ponencia del ministro Pérez Dayán, quien en los próximos días deberá resolver si admite a trámite el resto de los medios de control constitucional.
Las acciones y controversias fueron interpuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), así como por municipios de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Campeche y Yucatán, entre otros, que son gobernados por el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano.
