Por Víctor Barrera
A estas alturas del sexenio, el gobierno federal se empieza a dar cuenta de lo daños que ha ocasionado e intenta minimizarlo a través de ocurrencias y decretos que solo serán un paliativo al problema principal.
Un claro ejemplo es la industria aérea nacional que en estos cuatro años se ha visto disminuida económicamente y se les ha obligado, principalmente a las cargueras, a trasladarse al AIFA, con el objetivo de que este aeropuerto pueda ser mostrado como uno de loas obras importantes de este gobierno federal.
Pese a ello es casi imposible que las líneas aéreas y las internacionales, que manejan aviones bastante grandes, para aterrizar en ese aeropuerto que por su ubicación hace un poco difícil esta maniobra.
Otro punto negativo es la falta de infraestructura en vías que comuniquen a este aeropuerto, sin que se pierda mucho tiempo, algo que necesita la inversión de muchos recursos.
Pero también se debe agregar la iniciativa de cambios a las Leyes de Aviación Civil y de aeropuertos, que pretende autorizar el cabotaje a las aerolíneas extranjeras y la autorización de la nueva aerolínea que administrara la Sedena, la cual competirá en condiciones preferenciales porque no será una línea concrecionada, sino creada por el propio Estado y posiblemente comenzará operando con subsidios, que saldrán de los recursos públicos, es decir, de los impuestos que pagamos los mexicanos.
Pero además las aerolíneas comerciales tienen la presión para bajar sus precios, lo que significara que para evitar mayores pérdidas habrá despidos de personal y posiblemente el servicio que se otorgue no sea tan confortable como se espera.
De tal forma que esta administración federal seguirá incrementando el número de gente que cae en la pobreza, cuando su promesa fue todo lo contario.
Esto es solo la consecuencia de tomar decisiones sin analizar y proceder solo con el objetivo de destruir lo que podría haber sido un aeropuerto hub, un punto de conexión global de pasajeros y mercancía, en Texcoco y que se inhabilito por “corrupción” pero hasta ahora no hay un solo caso de corrupción ni siquiera denunciado por la 4T.
Los datos financieros disponibles, que se tiene hasta ahora es que el costo de su cancelación y la adaptación de la base militar de Santa Lucía ya superaron el costo total estimado para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
A cambio de ello solo contamos con tres aeropuertos, dos totalmente subutilizados y uno que se mantiene saturado.
Esa mala decisión sumada a otras similares solo han dejado un bajo nivel de confianza por parte de los inversionistas para alojar sus capitales en México.
Esto nos muestra que un gobierno con poco conocimiento y mucho rencor hace demasiado daño a la población en general.
