Por Víctor Barrera
La creación, establecimiento y aplicación de la ley permite a cualquier nación, no solo mantener una convivencia social favorable, sin apuntala el desarrollo económico, otorgando certidumbre jurídica a todo aquel que se establezca en esa nación.
Sin embargo, la actual administración federal ha mostrado en muchas ocasiones su desprecio por la ley “No me digan que la ley es la ley”, porque no concibe que la ley se aplica para todos de igual manera y nadie puede estar por encima de la ella aun cuando tenga la función de presidente de la república.
Esta actitud, ha sido aplicada también por legisladores afines a esta administración, que al modificar leyes lastiman los principios básicos de un Estado de derecho e intentan subordinar a la Constitución a discrecionalidad de quien sustenta el poder Ejecutivo en el país.
Dando a entender que la ley debe ser concebida por el poder Ejecutivo y no por el Legislativo, para que nuestra Constitución no sea impedimento para destrozar instituciones y órganos autónomos que hasta ahora han proporcionado mantener una paz social y desarrollo democrático y económico.
Así se han modificado leyes, las llamadas secundarias, que intentan otorgar el manejo discrecionalidad del Ejecutivo para centralizar el poder y desde ahí aplicar el criterio del Ejecutivo, como es el caso de la Guardia Nacional que se pretende sea parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, eliminando sus característica de ciudadana para hacerla militar.
También se modificaron leyes en materia energética, que tienen al país en la posibilidad de ser sancionado con pagos millonarios o a través de aplicar mayor arancel a los productos creados en México.
A pesar que estas modificaciones flagrantemente a nuestra Carta Magna, se aprueba con la mayoría que se impuso en el Congreso de la Unión de la llamada alianza “Juntos Haremos Historia”.
Esto también ha provocado que el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, se encuentre en una disyuntiva entre apegarse al Estado de derecho y manifestar la inconstitucionalidad de ellas u otorgar su validez sometiéndose con ello poder Ejecutivo otorgando su validez.
Esto ocurre recientemente con las modificaciones a las leyes electorales, que siguen sin aclarar explícitamente donde se puede evitar utilizar recursos públicos o hacer uso de los recursos del país, para hacer promoción política.
Esta ambigüedad de la ley permite que se violenten las leyes electorales y solo se excusan con “desconozco quine hace la propaganda” o “Hay otros que también hacen lo mismo, de todos los partidos”.
Confiamos que ante la nueva presidencia en la Suprema Corte de justicia de la Nación, se oriente nuevamente la aplicación de la ley y se evite que una persona este sobre ella.
Aunque sabemos que esto permitirá al inquilino de Palacio Nacional, volverse la victima, de los mismo que provoca, y con ello mantenerse en popularidad, aun cuando insito, esto no signifique un buen trabajo para los mexicanos.
México debe de dejar de estar en esta situación y hacer que todos y cada uno de los que habitamos México, respetemos la ley.
