Con el objetivo de profesionalizar en materia de perspectiva de género a los fiscales, ministerios públicos de la Federación y en general a los funcionarios que integran la Fiscalía General de la República, la diputada del PT, Ana Karina Rojo Pimentel, impulsa una iniciativa. La propuesta plantea cambios y adiciones a los artículos 50, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de la Fiscalía General de la República para que su personal cuente con la certificación requerida en perspectiva de género enfocado en la procuración de justicia.
Establece que para ingresar o permanecer como personal del Servicio Profesional de Carrera en cualquiera de sus ramas en dicha institución, se requerirá cumplir con la conclusión satisfactoria y periódica de cursos de perspectiva de género enfocados en la procuración de justicia.
Esto incluye a personas agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Ministerial, personas peritas, analistas, personal especializado, profesional, técnico y administrativo.
El documento, remitido a la Comisión de Justicia, argumenta que la importancia de la aplicación de la perspectiva de género radica en las posibilidades que ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarla.
ñade que actualmente se ha enfatizado más la problemática en la falta de empatía y profesionalización de los agentes para cerrar la brecha en lo que a procuración de justicia se refiere.
Destaca que mediante diversos instrumentos internacionales y normas nacionales se ha reiterado la necesidad de fomentar la producción y la difusión de información con perspectiva de género que permita conocer las causas, manifestaciones, consecuencias de los aspectos y circunstancias que impiden a mujeres y hombres el acceso y ejercicio de sus derechos humanos.
La iniciativa refiere que las reformas expuestas fortalecerán de modo más eficiente las facultades y obligaciones de la Fiscalía General de la República, al contar con una herramienta como es la perspectiva de género, considerada como una vía de modificar la manera de ejecutar las diligencias para la investigación de hechos ofensivos en contra de las mujeres.
Ello, a través de la mejora continua del marco jurídico, a fin de lograr un impacto a corto, medio y largo plazo, con el debido sustento a favor de las mujeres respecto a las circunstancias socioculturales actuales, especializando a las instituciones de procuración de justicia para lograr resultados apropiados en materia de delitos de género.
Advierte que la violencia contra las mujeres ha aumentado con incontables víctimas, debido a la falta de información sobre cómo denunciar un delito, la carencia de instrumentos para exigir sus derechos y la pérdida de confiabilidad en la policía.
Los incesantes ataques a los que se enfrentan las mujeres son una prueba de que el Estado de derecho no ha logrado adaptar políticas públicas eficientes que ayuden a disminuir las cifras actuales de violencia, enfatiza.
