A fin de tipificar el delito de reclutamiento con fines de explotación de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender o resistir el significado del hecho, e imponer de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, la diputada Saraí Núñez Cerón (PAN) impulsa una iniciativa.
Las reformas son a diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
También plantea sancionar con pena de 10 a 20 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, a quien utilice a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, en cualquiera de las actividades delictivas señaladas en el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (terrorismo, acopio y tráfico de armas, de personas y de órganos, así como corrupción de personas menores de dieciocho años, entre otros)
Los cambios al inciso a) de la fracción I del artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, son para aplicar pena de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, al miembro de la delincuencia organizada que haya sido servidor público de alguna corporación policial.
La exposición de motivos refiere que de acuerdo con Christian Skoog, representante de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, el reclutamiento de menores de 18 años en grupos armados siempre es producto de una acción forzada y una de las peores formas de violencia y explotación a las que pueden estar expuestos niñas, niños y adolescentes, ya que afecta su integridad personal y vulnera sus derechos a la supervivencia y desarrollo, protección, salud, educación y recreación, entre muchos otros.
“Las consecuencias del reclutamiento por grupos armados pueden ser sumamente graves para un niño, tanto física como emocionalmente”, afirma.
Menciona que la asociación civil Reinserta alertó del reclutamiento de más de 30 mil niños mexicanos por parte del crimen organizado, que reciben un pago de hasta 35 mil pesos mensuales.
Estas prácticas derivan en 20 mil casos de homicidio dolosos y 7 mil desapariciones de menores de edad en los últimos 20 años, según una estimación hecha por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
El documento subraya que este delito comúnmente lo realiza la delincuencia organizada en poblados, ciudades y estados en todo el territorio nacional, con la finalidad de adéntralos al crimen como halcones, sicarios o pistoleros, mulas o venta al menudeo de narcóticos, prostitución, extorsión, o cualquier otra actividad ilícita.
Ante ello, resalta que es imperante respetar y proteger el principio del interés superior de la infancia que, junto con la implementación de los estándares internacionales de protección, deben servir como principios rectores para garantizar que todo niño, niña y adolescente en México crezca en un entorno seguro y protegido contra cualquier tipo de violencia que pueda atentar contra su bienestar físico, mental y emocional.
La iniciativa, también suscrita por diputadas y diputados del PAN, fue turnada a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia para su dictamen.
