Durante casi veinte años una red de empresarios, exgobernadores, notarios y funcionarios convirtió a Bahía de Banderas en el escenario de operaciones inmobiliarias que hoy están bajo el escrutinio de los tribunales.
Lo que inició como un fideicomiso público para detonar el desarrollo turístico en la costa de Nayarit derivó en la enajenación de predios, disputas legales por miles de millones de pesos y acusaciones cruzadas que han puesto en jaque a las instituciones estatales.
En septiembre de 2021, el gobierno de Nayarit, a través de la Fiscalía General del Estado, lanzó el Megaoperativo Nuevo Nayarit con el argumento de recuperar bienes presuntamente desviados del Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba) durante los sexenios de los exgobernadores Ney González Sánchez (2005-2011) y Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017).
Las investigaciones en torno al fideicomiso revelan que durante esas administraciones se realizaron operaciones ilícitas que afectaron de manera significativa el patrimonio público.
En el primer periodo mencionado se documentaron 11 operaciones que involucraron 48 inmuebles, con un perjuicio estimado en 7 mil 457 millones de pesos. En el segundo se registraron seis operaciones sobre 36 inmuebles, con un impacto calculado en mil 450 millones.
Como resultado del operativo se aseguraron fraccionamientos, torres de condominios, plazas comerciales y terrenos en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela. La autoridad estatal estima que el daño patrimonial asciende a 9 mil millones de pesos, aunque el valor actual de los inmuebles podría superar los 30 mil millones.
Estos bienes pasarán a formar parte de un nuevo instrumento legal: el Fideicomiso Nuevo Nayarit (Finn), que sustituirá al extinto Fibba. Según el gobierno estatal, los recursos obtenidos se destinarán a financiar pensiones y jubilaciones de los trabajadores del estado.
No obstante, el operativo detonó una avalancha de litigios. Más de 80 familias han obtenido amparos para mantener la posesión de sus propiedades, al argumentar que adquirieron de buena fe y que los delitos perseguidos ya prescribieron, pues han transcurrido entre 14 y 20 años.
En paralelo, continúan los procesos penales contra exapoderados y empresarios ligados a las operaciones inmobiliarias impulsadas en el sexenio de Ney González.
Entre los señalados se encuentra Iván “N”, quien habría fungido como apoderado legal de Inmobiliaria Bains, SA de CV, vinculada al empresario Héctor Cárdenas Curiel, considerado socio estratégico y presunto prestanombres del exgobernador. Contra Cárdenas, actualmente prófugo, pesan varias órdenes de aprehensión por su presunta participación en fraudes millonarios en perjuicio del Fibba.
En junio de 2025, un ministerio público de la FGE solicitó a un juez de Control una orden de aprehensión contra Iván “N”, luego de que no se presentara a una audiencia en el Centro Regional de Justicia Penal de Tepic. Posteriormente fue declarado sustraído de la acción de la justicia.
En la misma red se ubican los hermanos Diego y Federico Valenzuela Cadena, vinculados a firmas como Desarrollo Turístico El Playón, Dynamica y Valca, acusadas de participar en esquemas de despojo y administración fraudulenta.
También se ha cuestionado el papel de CIBanco, institución que habría intervenido en la triangulación de operaciones mediante compañías como Maedit, Zerex, Drosotec, Up Experience y Arrivox.
El expediente creció aún más este año, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra José Gabriel Camarena Morales, coordinador jurídico del gobierno estatal.
El funcionario fue acusado de cohecho, tráfico de influencias, intimidación, abuso de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y coalición de servidores públicos.
Todo esto a través de su despacho privado, Camarena & Compeán, SC, habría recibido más de 36 millones de pesos en transferencias de una desarrolladora turística, a cambio de favores para consolidar un hotel de lujo en la región. A través del megaoperativo recuperó predios con un importante valor, que después entregó a terceros.
Mientras, continúan procesos penales con acusaciones formalizadas, órdenes de aprehensión pendientes de ejecución, procedimientos de extradición avanzados, así como juicios civiles y mercantiles en etapa de resolución. Se espera que al concluir estos procesos Nayarit logre recuperar más de 50 inmuebles.
