A través de una carta, el diputado federal Rubén Moreira Valdez solicitó a la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, que se cumpla con la Constitución y publique la reforma al Artículo 123, en materia de salarios, aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y por 31 congresos locales.
“El próximo 8 de septiembre recibiremos el Presupuesto de Egresos de Federación 2026 (PEF), que debe contemplar los recursos necesarios para concretar este beneficio en favor de quienes nos cuidan y nos forman como son los maestros, las y los enfermeros; médicos, policías y militares”, sentenció.
Además, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, con carácter urgente, evalúe el impacto económico y presupuestal de la declaratoria, e incorpore las previsiones necesarias en el PEF 2026.
Explicó que esta reforma tiene dos objetivos clave: establecer que los salarios mínimos generales o profesionales se fijen anualmente y nunca estén por debajo de la inflación observada durante su vigencia. Además, garantizar que maestras y maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, médicos y enfermeros perciban un salario mensual no inferior al promedio registrado ante el IMSS, equivalente a 16 mil 777.68.
Recordó que la reforma mencionada fue aprobada, por unanimidad de 478 votos a favor, por la Cámara de Diputados el 24 de septiembre de 2024, en tanto que el Senado de la República, en su sesión ordinaria del 9 de octubre, aprobó dicha minuta por unanimidad de 125 votos.
El coordinador priista sostuvo, aunque la Cámara Alta reconoce únicamente 16 legislaturas que han aprobado la reforma, el Sistema de Información Legislativa —dependiente de la Secretaría de Gobernación— registra 31 Congresos Locales que ya la han validado, lo que resulta evidente que dichos congresos han avalado esta iniciativa.
Denunció que esta omisión injustificada constituye una obstrucción al procedimiento constitucional, al rehusarse a dar cuenta de los votos recibidos, bloqueando la emisión de la declaratoria de validez y, en consecuencia, impidiendo su remisión al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor.
Advirtió que este precedente introduce discrecionalidad y obstrucción en un procedimiento que, por mandato constitucional, debe limitarse a una función meramente verificativa.
“Con ello, se pone en riesgo la integridad del mecanismo del constituyente permanente y, en consecuencia, la validez misma del poder de reforma constitucional”, concluyó.
