Los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro negaron los cargos de golpe de Estado en su contra durante su defensa final en un juicio ante la Corte Suprema por su presunto intento de permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los abogados argumentaron el miércoles por la noche que no se habían presentado pruebas sólidas que demostraran que Bolsonaro actuó contra las instituciones democráticas brasileñas ni incitó a otros a hacerlo, y afirmaron que el hecho de que permitiera que la transición presidencial continuara contradice la acusación básica de que conspiró para frustrarla. “Esta prueba elimina la premisa acusatoria más esencial”, afirmaron.
El expresidente y los demás acusados debían presentar sus alegatos finales antes del miércoles. Este es el último paso procesal antes de la conclusión del juicio, prevista para finales de año.
Un panel de cinco jueces del Tribunal Supremo decidirá ahora si Bolsonaro y sus aliados son culpables. De ser declarado culpable de intento de golpe de Estado, Bolsonaro podría enfrentar hasta 12 años de prisión. Sumado a otros cargos, podría pasar décadas en prisión. Incluso si es declarado culpable, Bolsonaro puede apelar la decisión ante el pleno del Tribunal Supremo.
El máximo tribunal electoral de Brasil ya prohibió al líder de extrema derecha postularse a ningún cargo hasta 2030, dictaminando que abusó de su autoridad al socavar la confianza en el sistema electoral del país.
Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 5 de agosto. El juez Alexandre de Moraes, quien lleva el caso, afirmó que Bolsonaro violó las medidas cautelares al difundir contenido a través de sus tres hijos legisladores. La semana pasada, De Moraes flexibilizó las restricciones, permitiendo visitas familiares sin restricciones.
El caso ha conmovido a Brasil mientras navega una disputa comercial con Estados Unidos.
Bolsonaro ha recibido el apoyo del presidente estadunidense Donald Trump, quien ha calificado el proceso como una “caza de brujas” y ha vinculado su decisión de imponer un arancel del 50% a las importaciones brasileñas a los problemas legales de Bolsonaro.
El fiscal general Paulo Gonet presentó sus alegatos finales en julio, citando amplias pruebas de una conspiración contra las instituciones democráticas brasileñas. Afirmó que estas incluyen notas manuscritas, archivos digitales, intercambios de mensajes y hojas de cálculo que supuestamente detallan la trama.
