Desde el 1 de enero pasado y hasta la fecha han desaparecido, en promedio, 40 personas al día. De hecho, México ya rebasó las 130 mil personas desaparecidas, de las cuales 51 por ciento (67 mil 482) han ocurrido en las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.
Diversos organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derechos humanos han alertado que la crisis de desapariciones aumenta cada año.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Jalisco es la entidad con más desapariciones, pues suma 15 mil 489 hasta el 25 de julio de 2025. Le sigue el Estado de México, con 14 mil 339; Tamaulipas, con 13 mil 514; Michoacán, con 7 mil 12; Veracruz, con 6 mil 988, y Sinaloa, con 6 mil 607.
Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) el RNPDNO reportó 935 personas desaparecidas y no localizadas; en el de Felipe Calderón (2006-2012), 16 mil 991; mientras que en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se documentaron 32 mil 788, y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) finalizó su mandato con 55 mil 541, cifra récord en los últimos 25 años. Desde el 1 de octubre y hasta la fecha, en el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo se registran 11 mil 701 víctimas.
Durante el sexenio de López Obrador, 49 por ciento de las desapariciones se concentraron en seis entidades: Jalisco, con 6 mil 724 casos; Estado de México, 5 mil 425; Michoacán, 3 mil 758; Ciudad de México, 3 mil 655; Tamaulipas, 3 mil 351, y Nuevo León, con 3 mil 256.
En marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró un campo de reclutamiento y exterminio en Teuchitlán y un mes después, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU indicó que las desapariciones forzadas constituyen un crimen de lesa humanidad presente en el país y activó el artículo 34, lo que fue rechazado por diversos políticos mexicanos, como el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
El 24 de junio pasado, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), rechazó que en nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas.
Ante las presiones de organismos internacionales y diversas mesas de diálogo con colectivos de búsqueda, el 16 de julio finalmente se publicó la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
Sin embargo, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseguran que dicha reforma no representa un avance, ni en forma ni en fondo al argumentar que no hubo parlamento abierto ni presencia de familiares en la discusión.
“Algunos colectivos califican esta reforma como insuficiente. Nos parece que estas medidas que se están implementando están enfocadas en controlar o en disminuir las cifras de personas desaparecidas. Se enfoca en las personas que pueden desaparecer en los siguientes años y no se hace cargo de las desapariciones de larga data”, alerta María Luisa Aguilar.
La directora del Centro Prodh asegura en entrevista que el gobierno pretende disminuir las cifras con la creación de la base de carpetas de investigación. Porque muchos de los familiares que reportan que hay una desaparición, en realidad no pueden denunciar.
