La Comisión de Radio y Televisión, que preside el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (PAN), informó que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le turnó para su análisis y dictaminación tres iniciativas que reforman diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La primera modifica algunas disposiciones de la legislación para establecer que se destinará como mínimo el diez por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, mismo que se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes.
La propuesta, turnada para opinión a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, señala que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones deberá expedir los lineamientos correspondientes para el otorgamiento de venta de publicidad a los entes públicos, quienes deberán priorizar la simplificación de trámites administrativos.
Además, para fomentar el conocimiento y participación en la radio y producción comunitaria, indígena y afromexicana.
La segunda iniciativa, que adiciona una fracción VI al artículo 216, y adiciona la fracción décima primera, recorriendo los subsecuentes del artículo 217 de la Ley Federal y adiciona una fracción décima al artículo 74 de la Ley General de Educación, fue turnada a comisiones unidas para que sea abordada con la Comisión de Educación.
Su objetivo es facultar al Instituto Federal de Telecomunicaciones para definir lineamientos específicos para regular la transmisión y difusión de contenidos que promuevan, hagan apología de la delincuencia organizada, exaltación de la violencia y actividades o conductas delictivas, en espacios y horarios donde puedan impactar negativamente en la niñez y adolescencia, a efecto de fortalecer la paz social, la seguridad pública y la promoción de valores.
Asimismo, supervisar y monitorear la reproducción, ejecución, difusión o promoción de contenidos musicales que glorifiquen, exalten o hagan apología de la delincuencia organizada, exaltación de la violencia y actividades o conductas delictivas, o de sus actores en eventos masivos, espectáculos públicos, fiestas patronales, ferias, centros de espectáculos, bares, cantinas, transporte público o cualquier otro espacio de acceso público.
Plantea que las autoridades educativas promuevan la reproducción de contenidos que fortalezcan la paz social y la promoción de valores, evitando aquellos que hagan apología de la delincuencia organizada, exaltación de la violencia y actividades o conductas delictivas.
La tercera iniciativa propone reformar diversas disposiciones de la Ley Federal, a fin de que las empresas concesionarias y autorizadas de servicios de telefonía móvil y plataformas digitales estén obligadas a implementar sistemas de detección y prevención de ciberdelitos, incluyendo el monitoreo de actividades sospechosas en sus redes, alertas tempranas para sus usuarios y colaboración directa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.
Estas deberán proporcionar información sobre posibles actividades delictivas dentro de un plazo no mayor a 48 horas después de ser requerida por la autoridad competente.
Además, tendrán que diseñar e implementar protocolos de acción inmediata para reportar e inhabilitar números y líneas telefónicas involucradas en fraudes electrónicos, extorsión, phishing y otros delitos cibernéticos.
