La diputada Anabel Acosta Islas (PVEM) señaló que la participación de México en la 150 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) y reuniones conexas reafirma su compromiso con los derechos humanos, la justicia social, la inclusión y la cooperación parlamentaria internacional.
En su informe de actividades publicado en la Gaceta Parlamentaria, tras su participación en la UIP que se realizó del 5 al 9 de abril en Tashkent, Uzbekistán, la diputada destacó la importancia del multilateralismo y la diplomacia parlamentaria para enfrentar los desafíos globales.
Detalló que en el encuentro participaron parlamentarios de 178 países, quienes debatieron en torno al eje temático “Acción parlamentaria para el desarrollo social y la justicia”. La delegación mexicana estuvo integrada por legisladores de Morena, PRI, PAN, PVEM, PT y MC.
Durante las sesiones plenarias y mesas de trabajo, la diputada Acosta Islas participó en las discusiones sobre la erradicación de la pobreza, el acceso a servicios básicos, el trabajo decente y la inclusión de grupos marginados.
“La Asamblea brindó espacios para reflexionar sobre el rol de los parlamentos frente a las desigualdades que persisten en nuestras sociedades”, destacó.
La UIP aprobó resoluciones sobre temas urgentes, uno de ellos: el impacto de los conflictos armados en el desarrollo sostenible. Sobre este punto, dijo, se llamó a los parlamentos a impulsar marcos legales que atiendan los daños ambientales causados por la guerra, así como el reconocimiento del ecocidio como crimen internacional.
También se adoptó la Declaración de Taskent, que propone tres ejes de acción: invertir en las personas mediante servicios universales; democratizar la economía con políticas fiscales progresivas y fomento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes); y fortalecer las instituciones mediante transparencia e inclusión.
Asimismo, se abordaron violaciones a los derechos humanos de parlamentarios en distintos países. La UIP denunció acoso, detención arbitraria y violencia política, e hizo un llamado a los Estados a garantizar la integridad de los legisladores y a fortalecer mecanismos de protección, agregó.
