Con el objetivo de dotar de certeza jurídica a la estructura organizacional del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el diputado federal Carlos G. Mancilla, presentó una iniciativa para reformar el artículo 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Esta propuesta, explicó, busca armonizar el marco legal con la realidad administrativa vigente, dejando claro que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) es ahora la dependencia coordinadora del Instituto.
Recordó que esto parte del acuerdo presidencial que se publicó el 24 de agosto de 2022, en el Diario Oficial, donde se estableció que el Instituto Mexicano de la Juventud se agrupaba al sector coordinado por la Secretaría del Trabajo y dejaba de estar bajo la tutela de la Secretaría del Bienestar.
Este movimiento, detalló el congresista del PRI, responde a un enfoque estratégico que busca fortalecer la articulación entre el Imjuve y las políticas públicas de capacitación, empleabilidad, derechos laborales, formación para el trabajo y productividad juvenil, en coherencia con programas prioritarios como “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
“Esta armonización normativa responde a regularizar una situación que estaba operando de manera irregular y con esta propuesta se busca que tenga rango constitucional para poderle dar certeza jurídica al Instituto Mexicano de la Juventud”, enfatizó.
En ese sentido, el legislador priista expuso que su proyecto de ley no solo atiende una necesidad técnica de actualización normativa, sino que también reafirma el compromiso del Estado mexicano con el fortalecimiento de políticas públicas integrales para las juventudes, especialmente en el ámbito del desarrollo económico y laboral.
Insistió que la adscripción del Imjuve al sector coordinado por la Secretaría del Trabajo representa una oportunidad para robustecer las acciones gubernamentales en favor del desarrollo integral de las juventudes, particularmente en lo relativo a su inserción laboral, capacitación para el trabajo y ejercicio pleno de sus derechos económicos y sociales.
La propuesta responde al reconocimiento de los cambios en la estructura institucional del gobierno federal y a la necesidad de que las políticas públicas dirigidas a las juventudes se articulen eficazmente con los retos actuales del país.
Asimismo, reafirma el compromiso de esta soberanía con la construcción de una institucionalidad más coherente, funcional y orientada a resultados.
De aprobarse, reafirmó el diputado Carlo G. Mancilla, la reforma permitirá dar certeza jurídica, operativa y programática a uno de los principales instrumentos del Estado mexicano en materia de política juvenil.
