Por los recortes al presupuesto, 11,6 millones de personas refugiadas y otras personas forzadas a huir de sus lugares de origen están en riesgo de perder el acceso a la asistencia humanitaria directa de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Esta cifra representa un tercio de las personas atendidas por la organización el pasado año. En paralelo, se registra un aumento del desplazamiento y “como siempre, las mujeres y los niños son los más afectados”, remarca el organismo.
En total, se están recortando o suspendiendo programas esenciales por valor de 1.400 millones de dólares (USD), según el análisis de los programas y fondos recibidos por ACNUR este 2025. Millones de personas se están enfrentando a un deterioro de sus condiciones de vida, mayores riesgos de explotación y abuso, y podrían verse obligadas a desplazarse nuevamente.
Las graves brechas de financiación han limitado la digitalización, el reforzamiento de los asilos y los esfuerzos de regularización. En Colombia, Ecuador, Costa Rica y México, no contar con un estatus legal reconocido implica que las personas refugiadas estén expuestas a una pobreza creciente y a una inseguridad prolongada, al quedar excluidas del empleo formal y con una mayor exposición a la explotación y al abuso. Estos recortes están socavando los esfuerzos para encontrar soluciones a largo plazo. Los incentivos para voluntarios refugiados también se han visto gravemente afectados, lo que pone en riesgo servicios vitales y elimina una fuente regular de ingresos para estas personas”, agrega ACNUR.
ACNUR hace un llamado urgente a gobiernos, instituciones y donantes privados para que aumenten sus contribuciones y así cerrar la brecha actual de financiación. El registro, la protección infantil, el asesoramiento legal, así como la prevención y respuesta a la violencia de género se han visto gravemente afectadas. En Sudán del Sur, el 75 por ciento de los espacios seguros para mujeres y niñas apoyados por ACNUR han cerrado, dejando a hasta 80.000 mujeres y niñas refugiadas, incluidas supervivientes de violencia sexual, sin acceso a atención médica, apoyo psicosocial, asistencia legal, ayuda material o actividades generadoras de ingresos.
Los recortes también están afectando, de forma preocupante, al reasentamiento y al retorno seguro y voluntario de personas refugiadas. Alrededor de 1,9 millones de afganos han regresado a su país o han sido devueltos desde principios de año, pero la ayuda financiera para los retornados apenas alcanza para comprar alimentos, mucho menos para pagar el alquiler, lo que socava los esfuerzos para garantizar una reintegración estable.
Las necesidades de financiación de ACNUR para 2025 ascienden a 10.600 millones de dólares. A mitad de año, solo se ha cubierto el 23 por ciento. Ante este panorama, nuestros equipos están centrando sus esfuerzos en salvar vidas y proteger a las personas forzadas a huir. Si se dispone de financiación adicional, ACNUR cuenta con los sistemas, alianzas y experiencia necesarias para reanudar y ampliar rápidamente la asistencia.
Los recortes han pausado el traslado de personas de áreas fronterizas hacia lugares más seguros, en Chad y Sudán del Sur, dejando a miles varadas en zonas remotas. En Uganda, las tasas de desnutrición están aumentando en algunos centros de recepción, con acceso limitado a agua potable y alimentos.
Los servicios de salud y educación se están reduciendo, resultando en el cierre de escuelas y la falta de personal en clínicas. En los campamentos que acogen a refugiados rohingya en Bangladesh, la educación de unos 230.000 niños está en riesgo de ser suspendida. Todo el programa de salud de ACNUR en el Líbano corre el riesgo de cerrarse a finales de año.
La ayuda financiera y la entrega de artículos de emergencia se han reducido en un 60 por ciento a nivel mundial, y los programas de alojamiento se han visto gravemente recortados. En lugares como Níger, los recortes en la ayuda financiera para vivienda han dejado a familias en instalaciones masificadas o en riesgo de quedarse sin hogar. La ayuda financiera en Ucrania y en toda la región también ha sido recortada, dejando a familias desplazadas sin poder pagar el alquiler, alimentos o tratamientos médicos.
