Sepa La Bola
Claudia Bolaños
El más reciente ranking de aprobación ciudadana en la CDMX pone a Alessandra Rojo de la Vega
con el 61.3%, de aprobación, superando a todos sus colegas hombres y mujeres. Le siguen Gabriela Osorio (Tlalpan) y Evelyn Parra (Venustiano Carranza), confirmando que el liderazgo femenino avanza y convence.
Las cifras muestran que las alcaldesas están ganando terreno con gestiones cercanas, visibles y efectivas. No todas figuran alto —como lo demuestran los bajos números en Tláhuac o Xochimilco—, pero quienes lo hacen, marcan una diferencia clara.
La ciudadanía responde a resultados, no a discursos.
Y Sepa La Bola pero el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reforzó su labor para proteger los registros de marcas en México y emitió recientemente notificaciones por edictos, entre ellas una contra el registro ilegal de “EON Energy”, hecho por Arturo Emmanuel Gómez Lara.
El caso, con expediente P.C.1395/2024(N-348)16872, enfrenta a la empresa alemana E.ON SE, multinacional del sector energético, contra Gómez Lara, quien registró una marca idéntica, lo que obligó a la compañía a iniciar acciones legales para anular el registro M. 2593151.
La solicitud de nulidad fue presentada el 11 de julio por su apoderado legal, Eduardo Kleinberg Druker. Si Gómez Lara no contesta en tiempo, el IMPI podrá emitir una resolución administrativa conforme al artículo 342 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Este caso evidencia la gravedad del robo de identidad marcaria y la importancia de proteger la propiedad intelectual en sectores estratégicos como el energético.
Y Sepa la Bola… pero en medio de las manifestaciones de los trabajadores del sector Salud, para denunciar falta de pago, garantías laborales y condiciones para poder laborar de manera correcta.
Proveedores del IMSS Bienestar, de servicios como fumigación, vigilancia, recolección de RPBI, sanitización, limpieza, víveres y alimentos, comenzarom a denunciar la falta de pago por la prestación de sus servicios, lo que pone en riesgo la operación de hospitales y oficinas administrativas. Los presuntos responsables de estos fallos serían, Christian Leslie García Romero, titular de la Unidad de Administración, y Sonia Ordóñez León, coordinadora de Servicios Generales, quienes no atienden a las empresas y, por el contrario, se dicen que hasta amenazan con residir contratos.
Estos retrasos en los pagos ponen en peligro a más de 50 mil trabajadores indirectos.
