
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, afirmó que en la Ciudad de México hay manifestaciones contra la gentrificación “con tintes muy preocupantes de xenofobia”.
Entrevistada en la sala de prensa del recinto legislativo de San Lázaro, abrió la posibilidad de que en las protestas del domingo pasado, “hayan participado infiltrados”, quienes vandalizaron negocios, incluso arrojando piedras y palos contra comensales principalmente.
“No extrañaría que fueran infiltrados e infiltradas a manifestaciones, como se ha dado en otras ocasiones en las manifestaciones de la Ciudad de México”, añadió.
Ballesteros Mancilla recordó que como feminista, “me ha tocado marchar en prácticamente todas las marchas y siempre nos toca ver infiltradas e infiltrados con rostros cubiertos que bajo ese anonimato se dan el lujo de reventar causas que pudieran ser legítimas en su momento”.
“Nuestra solidaridad a quienes fueron víctimas de esto y decir de manera muy puntual que fueron infiltrados quienes hicieron estos desmanes”, comentó.
La diputada de MC consideró que las protestas, “nos invitan a reflexionar sobre el modelo de ciudad fallido que tenemos”.
“No es normal que la gente tenga que ser expulsada de donde vive, de sus colonias, de sus barrios para vivir en la periferia”, añadió.
A nombre de la bancada naranja expresó “toda nuestra solidaridad a quienes se vieron afectados en sus viviendas, en sus pertenencias, en sus comercios por las manifestaciones violentas”.
Sobre el tema, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, consideró que “el gobierno sí tiene que empeñar todo su esfuerzo a buscar soluciones, como “espacios comunes, rentas accesibles mediante legislación y créditos”.
“En predios que puedan ser públicos para poder construir vivienda accesible. Todo eso se hace cuando la gentrificación llega, para atenuar los efectos de la misma. Pero sí es una realidad y hay que buscar soluciones inmediatas”, subrayó.
Monreal Ávila recordó que “desde hace varios años se había presentado silenciosamente el desplazamiento de personas originarias de barrios por nuevas viviendas, nuevos edificios, más caras, más difíciles de acceder”.
“Y se fue avanzando. La solución no es la violencia, tampoco es la criminalización de quienes viven ahí o de quienes pueden rentar ahí”, comentó.