A fin de fortalecer la obligación de las autoridades ministeriales y judiciales para proceder en los casos de violencia sexual, y garantizar que las víctimas reciban atención integral, protección y acompañamiento especializado. la diputada María Teresa Ealy Díaz, de Morena, suscribió una iniciativa ante la Comisión Permanente que reforma el artículo 400 del Código Penal Federal, en materia de encubrimiento en delitos sexuales.
El documento señala que la violencia sexual constituye una de las expresiones más persistentes, normalizadas e invisibilizadas de la violencia de género. No solo afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes, sino que también vulnera gravemente los principios básicos de dignidad humana, igualdad y acceso a la justicia.
Detalló que la violencia sexual no es un fenómeno aislado ni es producto exclusivo de actos individuales, sino que se encuentra arraigada en patrones culturales y estructurales que históricamente han protegido a los agresores y culpabilizado a las víctimas.
Refirió que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que 70.1 por ciento de las mujeres mexicanas de l5 años y más ha experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, y un porcentaje alarmante ha sido víctima de violencia sexual.
“Estas cifras son solo la punta del iceberg, pues la mayoría de las agresiones sexuales no son denunciadas, ya sea por miedo, por falta de confianza en las instituciones, por presión social o, de manera especialmente dolorosa, por complicidad y encubrimiento dentro de la familia, la pareja o los círculos cercanos de la víctima”, se expresa.
Ealy Díaz manifestó que, en diversos casos, el agresor sexual es una persona cercana a la víctima, siendo familiares, parejas, tutores, amigos de la familia, vecinos, profesores o personas en quienes la víctima depositaba su confianza. En ese sentido, indicó que la proximidad relacional no solo facilita la comisión del delito, sino que también genera dinámicas de encubrimiento, silencio, re victimización.
En estos casos dijo, el encubrimiento es frecuentemente justificado bajo argumentos como la preservación de la “unidad familiar”, la “reputación” del agresor o el “bienestar” colectivo, desdibujando la gravedad del daño causado a la víctima. Recordó que actualmente, dentro del Código Penal Federal, se encuentra tipificado el delito de encubrimiento, pero dentro de las exclusiones de este tipo penal se encuentran las personas cercanas a la víctima, como familiares, parejas o amistades.
Esta exclusión dijo, impide dimensionar el impacto que este tipo de encubrimiento tiene en la salud emocional, el acceso a la justicia y la seguridad integral de las víctimas. Advirtió que el encubrimiento por parte de personas cercanas, “no es un acto menor. Es una forma de violencia estructural que perpetúa la impunidad, protege al agresor y mantiene a la víctima en un ciclo continuo de revictimización”.
Además, agregó, este tipo de encubrimiento genera un profundo sentimiento de traición en la víctima, deteriora sus redes de apoyo y le envía un mensaje devastador: quienes debían protegerla, optaron por defender al agresor.
Por lo que la presente iniciativa, propone incluir un artículo 265 Ter al Código Penal Federal para sancionar con una pena mínima de cinco años de prisión a los familiares, parejas, tutores, amistades cercanas y cualquier persona en una posición de confianza que, teniendo conocimiento de la comisión de un delito sexual, decidan encubrir al agresor o impedir que las autoridades investiguen, sancionen o detengan al responsable.
La propuesta incluye agravantes cuando la persona encubridora tenga autoridad directa sobre la víctima, como padres, madres, tutores o cuidadores, y establece expresamente que en estos casos no podrán concederse beneficios sustitutivos de la pena privativa de libertad.
Señaló que esta iniciativa se presenta como una medida urgente, necesaria y congruente con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado mexicano en materia de derechos huma nos y erradicación de la violencia de género. Su aprobación significará un paso firme hacia un sistema de justicia más sensible, más eficaz y verdaderamente comprometido con las víctimas.
“La ley debe enviar un mensaje contundente: la protección a las víctimas está por encima de cualquier lazo afectivo, familiar o social. Encubrir a un agresor sexual no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia, y quien lo haga debe asumir las consecuencias jurídicas correspondientes”, apuntó la legisladora federal.
