Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), maestros, activistas y organizaciones sociales marcharon para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum castigo a los responsables de la masacre de 17 campesinos, cometida por la policía de Guerrero hace 30 años en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
También exigieron la libertad del preso político Antonio Barragán Carrasco y la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, así como de los hermanos Mauro y Benito Bahena Maldonado.
El sábado, más de 300 personas marcharon sobre la carretera que lleva a la sierra de Coyuca de Benítez, desde la entrada de Aguas Blancas hasta el vado, lugar donde el 28 de junio de 1995 fueron masacrados 17 integrantes de la OCSS por agentes de la desaparecida Policía Motorizada de Guerrero. En ese entonces el gobernador de Guerrero era Rubén Figueroa Alcocer y el presidente de México, su compadre, Ernesto Zedillo Ponce de León. El crimen, sostiene la organización, contó con la asesoría del general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro.
La presidenta municipal era la ahora morenista María de la Luz Núñez Ramos, quien al enterarse de que la protesta se dirigía a su municipio llamó al mandatario para pedirle detener a la OCSS.
Aquel amanecer, los campesinos salieron de Tepetixtla rumbo al municipio de Atoyac, para exigir la presentación con vida de su compañero Gilberto Romero Vázquez, desaparecido por la fuerza el 24 de mayo del mismo año, cuando salía de su domicilio en Atoyac.
Gilberto Romero, días antes, el 3 de mayo, leyó un pliego petitorio de las comunidades que conformaban la OCSS ante el gobernador Rubén Figueroa Alcocer y el jefe de la Novena Región Militar, el general Tomás Salgado Cordero, quienes visitaron las oficinas de la organización.
Y el 18 de mayo encabezó una manifestación en el ayuntamiento de Atoyac para conmemorar la masacre de cinco padres de familia de la primaria Juan N. Álvarez en 1967, por parte de la policía judicial de Guerrero. La ejecución marcó el inició de la guerrilla del profesor Lucio Cabañas.
Las dos camionetas de redilas donde se trasladaban los campesinos, ese 28 de junio de hace 30 años, fueron interceptadas por decenas de policías en el vado de la comunidad de Aguas Blancas. Los bajaron y tiraron boca abajo para darles el tiro de gracia.
El sobreviviente Gilberto Aguirre Bahena recuerda aquella mañana de terror:
“La policía estatal nos tendió una emboscada. Llegué en la segunda camioneta cuando mis compañeros de la primera, la mayoría, estaban tirados, muchos ya estaban muertos. A nosotros nos tiraron al piso, apuntando con las armas, muchos compañeros estaban gritando de dolor, estaban heridos”.
El saldo fue de 17 asesinados, 23 heridos de gravedad, cientos de víctimas indirectas y familias desplazadas.
En la marcha de este sábado, los manifestantes portaron pancartas y una lona con la exigencia de justicia, lanzaron consignas, ofrendaron flores y realizaron un mitin en el altar levantado en el vado donde ocurrió el multihomicidio.
Norma Mesino Mesino, recordó que la OCSS nació en 1994, en un congreso campesino donde demandaron precio justo del café y el maíz, crédito para los campesinos libertad de manifestación, de expresión y tránsito, detener la tala inmoderada de la madera y los abusos policiacos que golpeaban y asesinaban con impunidad a campesinos pobres.
También educación, salud y vivienda para las comunidades marginadas de la sierra.
“La irrupción de nuestra organización cimbró las estructuras del poder político y económico de tipo caciquil que históricamente han imperado en Guerrero”, apuntó. “A los representantes de estos poderes les enfureció que campesinos humildes nos atreviéramos a pedir insumos para el campo y libertad política”.
“Pero lo que más les encolerizó”, dijo la dirigente, “fue que pidieron la presentación con vida de los cientos de desaparecidos del período de la guerra sucia”.
“(El gobernador) Rubén Figueroa Alcocer contestó rabioso que, a nuestros compañeros (desaparecidos) ‘a esos se los llevó la chingada’”.
Mesino Mesino puntualizó que, en los 31 años de vida de la organización, son una de las más perseguidas por todos los gobiernos estatales y federales con tres desaparecidos, 45 asesinados y un preso.
A nombre de la OCSS y de las organizaciones sociales de Guerrero, la dirigente Norma Mesino expuso cuatro demandas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Una mesa de atención de la mandataria y la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez con integrantes de la OCSS y familiares de las víctimas.
La reapertura del caso para que se haga justicia a las víctimas y se castigue a los autores materiales del crimen de lesa humanidad, tal como lo determinaron la resolución 3/96 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 23 de abril de 1996, y la 49/97 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, del 18 de febrero de 1998.
Estas establecieron, dijo, como responsables de la masacre a Rubén Figueroa Alcocer, exgobernador de Guerrero; José Robles Catalán, exsecretario general de gobierno; Antonio Alcocer Salazar, exprocurador de justicia estatal; Rodolfo Sotomayor Espino, exsubprocurador de justicia; y Gustavo Olea Godoy, exdirector de la policía judicial.
Estos funcionarios de primer nivel, excepto el exmandatario, ya murieron.
Además, fueron culpados Rosendo Armijo de los Santos, exsubsecretario de Protección y Tránsito vial; Esteban Mendoza Ramos, exdirector de Gobernación; y Manuel Moreno González, exdirector operativo de la Policía Estatal, de quienes actualmente se desconoce su paradero.
Y Adrián Vega Cornejo, exfiscal y actualmente coordinador de asesores del Poder Judicial y que fue presentado públicamente por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ricardo Salinas Sandoval, en un acto oficial el 26 de junio último. El flamante presidente del TSJ fue propuesto por el senador Félix Salgado y por su hija la gobernadora Evelyn Salgado, ambos de Morena.
Norma Mesino concluyó dirigiéndose a la presidenta:
“Por ello le pedimos que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República ya que en Guerrero no existen garantías para que se haga una investigación imparcial puesto que los responsables de la masacre presumen tener una buena amistad con el gobierno estatal actual (de la morenista Evelyn Salgado)”, concluyó.
