Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN señalo que el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República votó en contra de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada este sábado con 77 votos a favor y 30 en contra.
“Desde Acción Nacional hemos sido claros: no podemos acompañar una disposición que legaliza el espionaje sin orden judicial y abre la puerta a la censura. Estamos a favor de una mejor regulación, pero no de que se pisoteen derechos fundamentales de las y los mexicanos”, afirmó el Presidente Nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.
Romero subrayó que Acción Nacional presentó propuestas puntuales para corregir los artículos que permiten la geolocalización en tiempo real sin control judicial y la suspensión discrecional de transmisiones, pero Morena y sus aliados decidieron ignorarlas.
“Queremos una ley moderna, no una ley autoritaria. Lo decimos de frente: esta legislación representa un retroceso para la democracia. No debemos permitir que se espíe a los ciudadanos ni que se controle a los medios”, sostuvo.El dirigente panista reconoció que gracias a la presión ciudadana y el trabajo del PAN se lograron corregir varios excesos del dictamen original, entre ellos la eliminación del artículo 109 que permitía el bloqueo de plataformas digitales, se subsanaron violaciones al T-MEC, se retiraron los artículos 201 y 202 que establecían censura previa a contenidos extranjeros, así como la modificación para que sea un órgano desconcentrado el que otorgue concesiones y no una sola persona.
“Lo dijimos con claridad: estábamos dispuestos a votar a favor si se corregía lo más grave. Se avanzó en varios temas, sí, pero en lo más peligroso como lo es el espionaje sin orden judicial, no quisieron ceder, y esto no lo podemos avalar por el bien de las familias mexicanas. Desgraciadamente estamos ante un Gobierno Espía que se acerca cada vez más a un régimen de corte autoritario”, sentenció Romero.
El PAN continuará la defensa de las libertades de las y los mexicanos, y reiteró su compromiso de acudir a todas las instancias legales, nacionales e internacionales, para impedir que esta legislación se convierta en un instrumento de control político.
