A unos días de que arranquen los foros para la discusión de una reforma (19 de junio), que propone bajar de 48 a 40 horas por semana la jornada laboral, organismos empresariales se manifestaron en contra de la iniciativa del gobierno morenista y alertaron sobre posibles riesgos a las empresas, en especial a las micro y pequeñas, en menor productividad y altos costos.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) reveló -a través de una encuesta- que el 67% de sus agremiados no está de acuerdo en que la jornada laboral se reduzca y que el 71.4% prevé más gastos.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó sobre riesgos económicos inmediatos: “las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan el 96% del tejido productivo nacional, enfrentarían incrementos de hasta el 36% en costos laborales si optan por pagar horas extras, o del 22% si contratan nuevo personal”.
A través de un documento sobre su posicionamiento sobre la reforma laboral, la Industria Nacional de Autopartes (INA) señaló: “desde el sector industrial, existe plena disposición para contribuir con propuestas realistas que permitan alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico, la productividad y el bienestar laboral. No obstante, afirmó que los desafíos críticos para la implementación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas en México son múltiples y complejos, en aspectos económicos, culturales, legales y operativos que deben ser atendidos con un enfoque.
La industria de autopartes -considerada la principal proveedora de partes y componentes de vehículos a Estados Unidos- advirtió que muchas empresas mexicanas aún no cuentan con procesos optimizados ni tecnologías que permitan mejorar la productividad por hora trabajada, lo que dificulta compensar la reducción horaria sin perder eficiencia.
Acotó que sectores con alta rotación y escasez de talento calificado enfrentarán dificultades adicionales para sumar o reorganizar turnos y mantener niveles de servicio o producción. con menos horas por trabajador.
“Esto puede generar presión para aumentar salarios o mejorar condiciones laborales, lo que incrementa los costos y complejidad de gestión”, refirió la INA.
Si bien el gobierno federal plantea periodos de transición para la modificación laboral, el sector industrial del país liderado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) planteó la transición con apoyos e incentivos, pues requiere inversiones en herramientas digitales, automatización y capacitación, pero el acceso a estos recursos es desigual, especialmente en PYMES y sectores tradicionales.
El presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, advirtió que de los 1,200 de encuestados a nivel nacional, el 67.2 % se posicionó en contra de esta reducción laboral, mientras que solo el 13.1 % afirmó estar de acuerdo y 19.7 % dijo no estar seguro.
“El sector expresa preocupación por el impacto en operación, costos y empleo. Seguimos impulsando el diálogo para construir soluciones viables para todos los sectores”, comentó, luego de que a partir del próximo 19 de junio inician los foros que abre el debate sobre la posibilidad de reformar en materia laboral.
La Coparmex ha advertido que, sin atender problemas estructurales como la informalidad, la reducción podría traducirse en menos empleos formales y cierre de empresas, especialmente en sectores vulnerables.
