La diputada Patricia Mercado Castro (MC), secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, afirmó que el Congreso de la Unión debe avanzar en reformas legislativas que implementen el Convenio 190 (C190) de forma integral, como un acto de justicia hacia las personas trabajadoras, especialmente las mujeres, que no han sido beneficiadas por las recientes reformas laborales.
Al presentar el informe “Hacia la construcción de mundos del trabajo libres de violencia: diferentes perspectivas en torno a las necesidades de armonización legislativa del C 190 en México”, en San Lázaro, señaló que el documento incluye testimonios de víctimas, inspectores y empresas, y plantea la urgencia de protocolos en los centros de trabajo, así como de inspección laboral efectiva, ya que según datos citados por la organización Intersecta, en México 12 personas renuncian cada hora por motivos de acoso y violencia laboral.
La diputada destacó el trabajo de las organizaciones Intersecta y la Fundación Avina por la elaboración del documento clave sobre la aplicación del C190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la violencia y el acoso en el mundo laboral.
Indicó que México ya ha presentado su primer informe como país ratificador del Convenio, lo que implica una obligación legal para reformar leyes, políticas públicas y asignaciones presupuestales, a fin de garantizar un entorno laboral libre de violencia, especialmente hacia las mujeres.
Subrayó la importancia de dejar atrás la noción de que debe existir una relación laboral directa entre víctima y agresor, permitiendo así que trabajadores informales también estén protegidos.
Además, mencionó que las Normas Oficiales NOM-025 y NOM-035 son importantes, pero insuficientes frente a los nuevos estándares del acuerdo mencionado, pues un gran avance del convenio es que deja atrás la necesidad de que exista una relación laboral directa entre la víctima y el agresor.
Señaló las resistencias del sector empresarial al momento de la votación del Convenio, especialmente en torno a la responsabilidad fuera del espacio laboral, por lo que hizo un llamado a mantener el diálogo para superar dichas dudas
En la Legislatura pasada, dijo, el Senado aprobó un dictamen relevante que modificaba cinco leyes fundamentales como parte del proceso previo a la ratificación del Convenio 190 de la OIT.
“Nos adelantamos al compromiso internacional porque ya teníamos claridad sobre los elementos clave de dicho convenio. Esta votación se llevó a cabo el 8 de marzo, en una fecha que en el Senado se ha convertido en una tradición significativa cada año, ese día se destinan esfuerzos legislativos a fortalecer los derechos de las mujeres. El dictamen fue aprobado por unanimidad y representó un avance sustancial en dos ejes prioritarios”, expresó.
Explicó que este dictamen avanzó en dos ejes clave: por un lado, estableció definiciones claras sobre acoso y violencia; y por otro, propuso mecanismos institucionales para prevenir, sancionar y reparar el daño, por lo que “el informe que hoy se presenta nos permite seguir actualizando y fortaleciendo estas definiciones conforme a los nuevos estándares”.
En su oportunidad, el diputado Jaime López Vela (Morena), presidente de la Comisión de Diversidad, resaltó que el informe es importante, por lo que manifestó su respaldo para realizar la armonización de dicha legislación, y mencionó que una de las quejas que más reciben en el módulo virtual de ayuda, es en materia laboral.
Enfatizó que la comunidad de la diversidad sexual padece no ser contratada, despidos injustificados por vivir con VIH, entre otros, en situaciones discriminatorias, violatorias de derechos humanos y completamente ofensivas para cualquier ser humano.
Por ello, insistió en que a través de este informe se tienen que reforzar las acciones contra la violencia de género, en particular de dicho sector de la población.
Durante su intervención, la coordinadora del área de incidencia en la organización Intersecta, Constanza Carrasco, explicó que el informe fue elaborado por dicha organización, como parte de la Iniciativa Arropa, impulsada por las fundaciones Avina y C&A, a fin de fortalecer el ecosistema de defensa de los derechos laborales de las personas trabajadoras.
Detalló que dicho informe ofrece una mirada integral sobre el proceso legislativo en torno al Convenio 190 de la OIT, así como las acciones necesarias para su implementación efectiva en México, incorpora diversas perspectivas sectoriales, y tiene como objetivo ser una herramienta útil y basada en evidencia para promover políticas públicas que garanticen ambientes laborales seguros y equitativos.
Subrayó ocho elementos clave del Convenio 190, entre ellos: la definición amplia de violencia y acoso en el ámbito laboral, la protección a todas las personas relacionadas con el trabajo, no sólo a empleados formales, la no necesidad de que la violencia sea reiterada o cause daño para ser considerada como tal, y la centralidad de la reparación del daño como parte de un enfoque integral.
Indicó que, si bien México ha realizado avances en la materia, aún existen brechas legislativas que deben ser atendidas, por ello, el informe también busca responder al cuestionamiento de “por qué la armonización legislativa con el Convenio 190 no ha avanzado al ritmo esperado”.
Agradeció el espacio abierto por la diputada Patricia Mercado y resaltó la importancia de seguir dialogando entre los distintos sectores como gobierno, empresas, sociedad civil y legisladoras y legisladores, para construir centros de trabajo libres de violencia.
