El Grupo Parlamentario del PRI presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía a reevaluar el programa Gas Bienestar, al que calificaron como ineficiente, peligroso y financieramente insostenible.
Los legisladores priistas subrayan que el programa impulsado en 2021 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha fracasado en sus objetivos sociales y económicos. “Gas Bienestar ha operado desde su inicio con pérdidas significativas, sostenidas mediante subsidios públicos, especialmente de Petróleos Mexicanos”, señala el documento.
Según datos oficiales y reportes citados en la propuesta, Gas Bienestar no ha generado utilidades netas entre 2021 y 2024. Sus ingresos cayeron de 254 millones de pesos en 2022 a solo 174 millones en 2024, y se ejercieron más de 1,300 millones de pesos en la compra de cilindros, además de cientos de millones en reparaciones por fallas de calidad.
En 2024, Pemex destinó cerca de 300 millones de pesos en aportaciones de capital para mantener operativa a la filial, lo que confirma que el programa sobrevive únicamente por subsidios.
El impacto social también es limitado: la cobertura de Gas Bienestar se mantiene restringida a nueve alcaldías de la Ciudad de México, a pesar de que en 2021 se prometió una expansión nacional. “El impacto social del programa es marginal, y no justifica el gasto acumulado de miles de millones de pesos”, advierten los senadores, citando además que el 76 por ciento de los hogares mexicanos dependen del gas LP.
La iniciativa también denuncia problemas de seguridad, incluyendo la muerte de una mujer por la explosión de un tanque defectuoso en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo cual evidencia deficiencias en los controles de calidad del programa.
En lo económico, el PRI acusa que el programa ha distorsionado el mercado mediante competencia desleal: distribuidores privados de gas LP han denunciado hostigamiento regulatorio, bloqueos logísticos e inspecciones arbitrarias. “Se ha generado un ambiente adverso a la inversión privada en el sector, lo cual contradice los principios de equidad y libre competencia que rigen nuestra economía”, señala el texto.
“Creemos que el Estado debe intervenir cuando la necesidad social lo amerita, pero dicha intervención debe ser eficiente, transparente, con rendición de cuentas y sin destruir el entorno competitivo ni las finanzas públicas”, puntualiza el grupo parlamentario del PRI. “Gas Bienestar ha fracasado como política social y también como proyecto económico.”
La proposición solicita cinco acciones concretas: una revisión profunda del programa para determinar su viabilidad; un informe público de Pemex sobre costos, subsidios, ingresos y accidentes; un diagnóstico de la Secretaría de Energía sobre el impacto en la competencia del sector; una auditoría de desempeño y legalidad a cargo de la Auditoría Superior de la Federación; y la comparecencia ante el Congreso de Luz Elena González Escobar, titular de la SENER; Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex; y Gustavo Álvarez Velásquez, director de Gas Bienestar.
La iniciativa, fechada el 4 de junio de 2025, fue firmada por los senadores Alejandro Moreno Cárdenas, Manuel Añorve Baños, Carolina Viggiano Austria, Pablo Angulo Briceño, Cristina Ruíz Sandoval, Rolando Zapata Bello, Claudia Anaya Mota, Miguel Ángel Riquelme Solís, Mely Romero Celis, Néstor Camarillo Medina, Paloma Sánchez Ramos, Ángel García Yáñez, Karla Toledo Zamora y Anabell Ávalos Zempoalteca.
