Para un grupo de académicos, activistas y políticos estadunidenses, los aranceles impuestos por Donald Trump no deben entenderse como una medida temporal; se trata de una política comercial de largo plazo que podría marcar un parteaguas para futuras administraciones. La interpretación cobra especial relevancia en un momento en el que México busca que se le reduzcan los aranceles al acero.
Por medio de un recurso de Amicus Curiae (Amigos de la Corte) presentado ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, un grupo conformado por figuras como el exgobernador de Virginia George F. Allen, el exdecano de Derecho de Yale Harold Hongju Koh y el exjuez federal John Daniel Tinder considera que las tarifas impuestas están diseñadas para mantenerse indefinidamente.
La razón de fondo no sería una emergencia económica momentánea, sino una reconfiguración estructural “de las cadenas globales de suministro, así como un intento por alterar las políticas industriales extranjeras y corregir lo que la administración considera desequilibrios comerciales crónicos”.
Uno de los principales argumentos que refuerzan esta interpretación es el marco legal utilizado con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), que otorga al presidente estadunidense facultades extraordinarias para actuar sólo en caso de una “verdadera emergencia nacional”.
Uno de los principales argumentos que refuerzan esta interpretación es el marco legal utilizado con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), que otorga al presidente estadunidense facultades extraordinarias para actuar sólo en caso de una “verdadera emergencia nacional”.
La hoja informativa oficial de la Casa Blanca explica que el presidente invocó la IEEPA para abordar “la emergencia nacional planteada por el gran y persistente déficit comercial”.
Sostiene que “por generaciones otros países se han aprovechado de Estados Unidos”, y se han perdido alrededor de “cinco millones de empleos manufactureros” entre 1997 y 2024 –un periodo de 27 años–. También menciona prácticas comerciales chinas “entre 2001 y 2018”, conductas que comenzaron hace “casi un cuarto de siglo y concluyeron siete años atrás.”
Para los firmantes del recurso, estos no son eventos repentinos ni impredecibles, sino problemas estructurales que deben abordarse desde el Congreso mediante el proceso legislativo, no mediante la proclamación de una emergencia nacional por parte del Ejecutivo.
