Con un presupuesto alrededor de los siete mil millones de pesos, cifra menor a la estimada por el Instituto Nacional Electoral (INE), este domingo 1º de junio se concretó la farsa que inició con una reforma al Poder Judicial que Morena y sus aliados aprobaron para tomar por asalto y someter al único poder que representaba un contrapeso al Ejecutivo, afirmó el vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez Hernández.
“La mayoría de votantes no conocieron el perfil de los más de dos mil 600 candidatos al Poder Judicial. No existieron suficientes recursos para asegurar una discusión pública informada, tampoco se organizaron debates obligatorios, evaluaciones técnicas abiertas ni una amplia difusión sobre los antecedentes o posibles conflictos de interés. Esta fue una elección que vulnera la democracia”, aseveró.
Sostuvo que la falta de información o de interés de la ciudadanía, fue aprovechado para coaccionar el voto a través de los tristemente célebres “acordeones de la corrupción” en los que se “orientaba” a la ciudadanía por qué candidatos votar, incluso, aun con las medidas cautelares del INE y la prohibición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el uso de estos documentos, muchas personas los llevaron a las casillas o bien en sus dispositivos móviles.
“Es preocupante que, en muchas zonas del país, más del 70% del electorado no supo identificar el nombre ni la función del cargo judicial por el que votaba, más lo es, que muchas personas acudieron a las urnas con los acordeones de la corrupción, ¿quién garantiza que los jueces, magistrados y ministros elegidos por voto popular no estén vinculados con el narcotráfico, asesinatos, componendas y otras irregularidades”, sentenció.
Téllez Hernández agregó que se permitió la participación de aspirantes sin experiencia ni carrera judicial previa, sin haber pasado por exámenes rigurosos de oposición o control ético; incluso, dijo, algunos candidatos presentaron títulos profesionales dudosos, inconsistencias en su currículum o investigaciones pasadas por corrupción o vínculos con redes políticas clientelares, o del crimen organizado.
“Aunque el proceso fue presentado como democratizador, en los hechos operó como un mecanismo de colonización institucional del Poder Judicial por parte del partido en el poder; las cúpulas partidistas impulsaron bloques o listados de candidatos afines, utilizando propaganda encubierta, recursos públicos, y controlando medios estatales para promover una narrativa de renovación desde el pueblo”, señaló.
Consideró que la judicialización de la política y la politización de la justicia conllevan riesgos estructurales, tales como fallos judiciales con sesgo ideológico, persecuciones legales contra opositores, pérdida de confianza en los tribunales, y una erosión de garantías básicas del Estado de Derecho.
Destacó que la baja participación ciudadana, casi 90% de abstencionismo, es resultado del rechazo a este tipo de ejercicios antidemocráticos, prediseñados por el partido en el poder; pero también se traduce en un grave dispendio de recursos públicos para cumplir el capricho ideológico del gobierno y la maniobra utilizada para cooptar y asaltar al Poder Judicial.
Además, representa la falta de confianza de la ciudadanía en un proceso manipulado y lleno de irregularidades que restará toda legitimidad a quienes ocuparán los cargos en el Poder Judicial, sobre todo a quienes llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La elección judicial no fue un avance democrático, sino un retroceso institucional profundo; se entregó el Poder Judicial al vaivén de las urnas, sin filtros de integridad, competencia ni imparcialidad; lejos de empoderar al pueblo, se empoderó a redes partidistas, operadores oscuros y estructuras de poder criminal que ahora tienen en sus manos el control de la justicia. México ha dado un paso hacia un régimen autoritario disfrazado de democracia electoral”, concluyó.
