La diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XIV del artículo 30 de la Ley General de Educación y la fracción III del artículo 7 de la Ley General de Educación Superior, con el propósito de elevar la educación financiera al rango de asignatura propia, evaluable y acreditable en todos los niveles educativos.
“La enseñanza de la educación financiera sigue siendo vista como una acción complementaria, lo que representa un importante reto”, advirtió la legisladora. Explicó que, pese a los avances logrados en los últimos años, no existen mecanismos formales para evaluar el aprendizaje del alumnado en esta materia.
Armendáriz Guerra subrayó que la iniciativa busca responder a tres grandes objetivos: colaborar con el flujo de financiamiento hacia emprendedores y microempresarios, garantizar que la juventud cuente con conocimientos básicos para tomar decisiones financieras responsables, y cerrar brechas de género mediante el fortalecimiento de la educación financiera femenina.
Durante su exposición, la diputada morenista sostuvo que la educación financiera es “un mecanismo que favorece el empoderamiento de los sectores más vulnerables”, al permitirles tomar decisiones de consumo y ahorro con conocimiento, así como atraer financiamiento para sus proyectos personales.
Recordó que desde 2005, la OCDE ha recomendado incluir la educación financiera en los planes de estudio. En México, “el cambio de paradigma en el gobierno desde 2018 ha propiciado una mejor atención a las necesidades de nuestra juventud”, por lo que desde 2019 se optó por incluirla en los planes y programas de estudio. Sin embargo, señaló que su implementación aún es insuficiente.
“El Gobierno Federal ha hecho una labor extraordinaria al ampliar los canales de educación financiera, pero esta enseñanza no puede quedar al arbitrio de la autoridad ejecutiva”, enfatizó. De ahí que proponga su inclusión obligatoria mediante ley, para asegurar la continuidad de estos esfuerzos.
La diputada también destacó las consecuencias negativas que acarrea el analfabetismo financiero, especialmente en sectores como el de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES), en las que, por ejemplo, “sólo 6 por ciento de las microempresas poseen tarjeta de crédito empresarial”, lo cual, agregó, limita su acceso a financiamiento.
En este contexto, subrayó que “es urgente que la educación financiera deje de ser un contenido opcional y se imparta como una materia específica, evaluable y acreditable” en todos los niveles educativos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.
