El primer año de la LXVI se ha caracterizado por muchas propuestas en materia laboral, entre septiembre del año pasado -cuando inició la actual legislatura- y abril del 2025, se han presentado más de 170 iniciativas para modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) o el artículo 123 de la Constitución. Sin embargo, sólo el 2.2% de los proyectos han sido aprobados por el Congreso de la Unión.
En esa pequeña lista se encuentran las reformas constitucionales para mejorar el salario de policías, docentes y personal de salud, el reconocimiento de la brecha salarial de género, la Ley Silla y la regulación del trabajo en plataformas digitales.
Pero otros temas como la reducción de la jornada laboral, la ampliación de días de descanso, la creación de nuevos permisos, el incremento de las licencias de maternidad y paternidad, el aumento de aguinaldo, son algunos derechos que, hasta ahora, siguen sólo como propuestas.
“Esto es multifactorial, por un lado, hay una falta de oficio legislativo que se hace muy evidente porque hay una aplanadora legislativa que no necesita de alianza de partidos de oposición para reformar la Ley Federal del Trabajo, y uno pensaría que cualquier reforma pudiera avanzar de manera muy fácil, pero eso demuestra que hacia el interior no hay un consenso de las reformas, y el segundo factor es que se está legislando mediáticamente”, opina Jorge Sales Boyoli, socio director de la firma Sales Boyoli.
Tan sólo en abril se presentaron casi 50 iniciativas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Entre esas propuestas se encuentran temas como la creación de la licencia por matrimonio o el reconocimiento oficial de la sisifemia.
A decir de Carlos Ferran Martínez, socio director de Ferran Martínez Abogados, si bien es positivo un escenario de cambios en la legislación laboral, la última ola de propuestas confirma, por un lado, “un extremo del péndulo”; es decir, el polo opuesto al contexto en el que la Ley Federal del Trabajo no tenía ajustes; sin embargo, también evidencia un uso de las iniciativas laborales con más fines políticos que con viabilidad.
“No es un tema exclusivo de un partido, hay un tipo de “populismo laboral”’ muy fuerte que viene de todos los partidos, no se le puede poner un color. Hoy con la dinámica de redes sociales y digitalización, es muy fácil hablar de una propuesta por lo que podría implicar, más allá de la viabilidad legislativa o financiera. Estamos en un punto en el que cada quién busca ‘jalar agua para sus molinos´ en términos legislativos y es muy rentable presumir que se presentó una nueva propuesta, tiene buena aceptación popular, pero no se mide ni remotamente su alcance”, afirma.
En eso coincide Jorge Sales Boyoli, la presentación de iniciativas laborales “paga buenos réditos políticos y sociales, y particularmente en esta legislatura. Hay reformas que son muy ‘sexys’ para los trabajadores, y a ver quién se anima a decir que no están bien esas propuestas”.
Sin embargo, considera el especialista, la postura gubernamental ha mostrado sensatez en “no estirar más la cuerda” para los empleadores y analizar a profundidad los próximos cambios y el entorno geopolítico global también ha requerido mayor cautela.
Para Carlos Ferran Martínez, lo ideal es que las mejoras en prestaciones laborales no se realicen por decretos, sino con un mayor incentivo de la negociación colectiva y la interlocución entre empleadores y trabajadores. Lo que es un hecho, puntualiza, es que es necesario debatir los temas que se vinculan con la dignidad en los centros de trabajo.
“El error es pensar que todas las empresas tienen la misma capacidad financiera, hay una Ley que trata igual a todas las personas empleadoras y a todas las personas trabajadoras del país, ahí tenemos un reto, las mejoras de prestaciones tendrían que venir desde la negociación colectiva, de un sindicato con una empresa, y en pequeñas empresas, del propio diálogo social, y no estoy inventando nada, así es en Estados Unidos, con la diferencia de que allá, hay muy pocos pisos mínimos”, apunta.
Los especialistas coinciden que en medio del interés legislativo por seguir con las modificaciones a la Ley federal del Trabajo, hay una serie de aspectos que son necesarios seguir debatiendo, muchos que tienen más relación con la dignidad de los trabajadores, además, es necesario fortalecer la vigilancia de los compromisos internacionales que México ha asumido.
“Eso sí tiene que estar en la Ley o normas oficiales mexicanas porque ahí sí hablamos de dinámicas que van más allá del salario de la persona, todo lo que tenga que ver con dignidad en el trabajo tiene que estar en la Ley porque seguro México tiene muchos tratados internacionales suscritos, todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo tiene que regularse”, afirma Carlos Ferran Martínez.
Desde la perspectiva de Jorge Sales Boyoli, hay temas necesarios que no están acaparando la agenda laboral: seguridad social universal o un seguro de desempleo, sólo por citar algunos ejemplos.
Además de esto, opina el especialista, hay una serie de derechos humanos que México ha ratificado a través de diversos instrumentos internacionales, y aunque no estén en las legislaciones locales, el Estado sí tiene la facultad de vigilar su cumplimiento.
“Hablar de obligar a los empleadores a ponerles sillas a las personas es sintomático del nivel laboral que tenemos como país, debemos olvidar el mesianismo legislativo, creo que esas reformas son mediáticas, pero lo que tendría que reforzarse es la inspección del trabajo. Lo mismo con el agua como derecho laboral, está bien que se ponga en la Ley, aunque preocupa porque refleja la calidad del empleador mexicano, pero ya hay herramientas para eso, que debiera ser más rigurosa y cuidar aspectos que están en las declaraciones de derechos humanos”, afirma.
