La gobernadora Mara Lezama confirmó la sentencia de un juez federal que anula la suspensión del decreto 195 que le cancela el contrato de concesión a la empresa Aguakan para el servicio de agua potable en cuatro municipios del norte de Quintana Roo.
“Un juez federal denegó a Aguakan el amparo que promovió contra el decreto legislativo de diciembre de 2023, con esto el juez confirmó la legalidad del decreto 195 al tener por acreditadas irregularidades en los servicios y la protección de derechos fundamentales al medio ambiente, la salud y el agua”.
La mandataria reconoció que la empresa aún tiene derecho a un recurso de revisión, por lo que aún queda un camino legal por recorrer para confirmar que el retiro de la concesión a Aguakan queda legalmente en firme, sin embargo, adelantó que hará todo lo que esté a su alcance para garantizar el derecho de los quintanarroenses a un derecho humano tan básico como lo es el agua.
“Seguimos avanzando en este derecho humano que tienen los quintanarroenses y lo vamos a defender a capa y espada, porque es un derecho del pueblo, y aquí está la gobernadora para defender, porque hay que escuchar para entender el enojo del pueblo y las irregularidades que existieron a lo largo de los años”, expuso la mandataria en su programa la Voz del Pueblo.
Aguakan cuenta con 10 días hábiles a partir del pasado 17 de abril para interponer un recurso de revisión luego de quedar sin efecto la suspensión contra el decreto 195.
La concesionaria de agua potable, contra la que también pesan denuncias penales, no pudo demostrar la ilegalidad del decreto 195 que usó como argumento para ampararse contra los efectos de la cancelación del contrato.
El juez también identificó que la empresa incumplió con la prestación óptima del servicio, entre otras violaciones al contrato de concesión, como el abandonar diversas zonas de los municipios en los que debe prestar el servicio de agua potable.
De manera paralela al juicio por el retiro de la concesión de agua potable, el gobierno de Quintana Roo interpuso una denuncia contra Aguakan ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto fraude procesal, pues en el juicio de amparo la empresa habría incurrido en argumentos falsos para abonar a su causa.
Uno de esos argumentos es que la empresa acusa al Congreso de no estar facultado para derogar un contrato que fue autorizado por el gobierno del estado y los municipios, pero la contraparte asegura que eso es falso pues la ley de municipios prevé que cuando una concesión excede el tiempo en funciones de una administración municipal, el poder legislativo debe autorizar un nuevo permiso mediante una licitación, lo cual no sucedió, pues nunca se licitó la ampliación del servicio, aun y cuando la concesión se amplió no sólo temporalmente, sino territorialmente hacia los municipios de Solidaridad y Puerto Morelos.
El decreto que anuló la concesión de Aguakan se basa también en los resultados que arrojó la consulta pública realizada el 5 de junio de 2021, en la que más de 35% del padrón electoral de los municipios involucrados votó a favor de rescindir el contrato de concesión.
Dicho ejercicio consultó a la ciudadanía:“¿Está usted de acuerdo que, la empresa Aguakan continúe prestando el servicio concesionado de agua potable, alcantarillado y saneamiento?”.
En Benito Juárez el “Sí” obtuvo 69,893 votos, mientras que el “No” alcanzó 157,759 votos, es decir, más del doble no quiere la continuidad de la empresa. El porcentaje de participación fue de 36.79 por ciento.
En Isla Mujeres, los resultados fueron: “Sí” 3,806; “No” 5,880, con un porcentaje de participación de 44.96 por ciento.
En Puerto Morelos, el “Sí” obtuvo 3,647 votos y el “No” 5,947; con una participación de 44.96por ciento.
En Solidaridad, los resultados fueron: Sí” con 11,269 votos, el “No” con 51,417, y una participación de 28.02 por ciento. Es el único municipio donde la votación alcanzada no permite que la consulta sea vinculante.
