La diputada federal Cintia Cuevas Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley de Vías Generales de Comunicación, a fin de garantizar la movilidad de personas con discapacidad.
Al respecto, la legisladora explicó que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 por ciento de la población total del país. Agregó que el acceso al transporte público para personas con discapacidad es un problema recurrente, no sólo por la falta de accesibilidad, sino también por el costo que representa el uso del mismo para este grupo vulnerable
Señaló que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con base en el documento Situación mundial de la discapacidad, de la Universidad Nacional Autónoma de Hondura, explicó que existe una gran falta de accesibilidad para personas con discapacidad, pues las construcciones (incluidos los espacios públicos), los sistemas de transporte y la información suelen ser inaccesibles.
Aborda que la falta de acceso al transporte, es uno de los factores que, con más frecuencia, desalienta a las personas con discapacidad a la hora de buscar trabajo o le impide recibir atención de salud. En muchos casos, no se atienden las necesidades de comunicación de las personas con discapacidad. A menudo la información no está disponible en formatos accesibles y algunas personas con discapacidad no logran acceder a TIC básica, como teléfonos y televisores.
En materia de movilidad, en el mismo documento del Inegi, se expone que las personas que presentan dificultades relacionadas con la movilidad forman el grupo de población cuya actividad más afectada es el desplazamiento, porque la construcción de su entorno inmediato, como la vivienda, escuela, lugar de trabajo y transporte –que de acuerdo con la CIF forman parte de los factores ambientales-, en la mayoría de las ocasiones no se encuentran adaptados para que las personas con este tipo de dificultad se puedan trasladar libremente.
En el tema de transporte, Cintia Cuevas hizo referencia que en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014, el rubro transporte y comunicaciones (18.4 por ciento) concentra la mayoría del gasto, incluso por encima de educación y esparcimiento (10.7 por ciento), esto tanto en hogares rurales como en hogares urbanos con al menos un integrante con discapacidad.
Ese mismo año refirió, se presentó una queja ante la CNDH por parte de una madre que, como muchas, buscaba darle una mejor calidad de vida a su hija. Explicó que ellas se trasladaban de una localidad a otra para poder llegar a recibir rehabilitación en las instalaciones del IMSS y que su hija con discapacidad pudiera practicar deporte. No obstante, debido a la falta de recursos para costear el transporte, tuvo que suspender sus traslados, afectando su derecho a la recreación, a la salud y al esparcimiento.
Cuevas Sánchez mencionó que este caso no es aislado, pues en 2017 una persona con discapacidad motriz también presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para solicitar que suscribieran convenios con los transportistas a fin de beneficiar a las personas con discapacidad. Sin embargo, pese a la recomendación que la CNDH realizó a la SCT, de aquel entonces, ésta solo se limitó en sus argumentos en mencionar que no existía obligación legal de aplicar descuentos a favor de las personas con discapacidad.
“Es por ello que lo que aquí se defiende no es solo una tarifa preferencial o exención de pago, sino garantizar el derecho de movilidad de las personas con discapacidad para promover y fortalecer su desarrollo en todos los aspectos de su vida. Por lo regular una persona con discapacidad requiere asistencia para trasladarse de un punto a otro. Es momento de garantizar el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad”, subrayó la diputada.
La propuesta establece que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), realizará convenios con aerolíneas y empresas de transporte terrestre y marítimo, nacional e internacional, para que otorguen tarifas preferenciales a las personas con discapacidad.
También garantizar el derecho permanente y en todo tiempo, a obtener descuentos o exenciones de pago al hacer uso del servicio de transporte público, previa acreditación mediante la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad (Crenaped).
Esta iniciativa que reforma los artículos 19, párrafo primero, fracción V y adiciona una fracción VI a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como la fracción II del artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, se dio turno para dictamen a las comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Comunicaciones y Transportes.
