Las desapariciones forzadas y el funcionamiento de casas de seguridad operadas por la delincuencia organizada que utilizan como centros de cautiverio, entrenamiento —forzado y consentido— de sicarios, exterminio de personas, incineración y para el ocultamiento de restos humanos, como, todo parece indicar, ocurría en el predio rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, son apenas eslabones de cadenas de crueldad que operan a lo largo del territorio nacional, plantean especialistas.
Tan solo en esa entidad del occidente del país, se sabe de la desaparición de personas desde la década de los años 70 del siglo pasado, cuando, en el contexto de la llamada Guerra Sucia, gente del gobierno habría recurrido a eso para eliminar a presuntos integrantes de grupos subversivos y luego, en la década de los ochentas, cuando narcotraficantes recurrieron a esas prácticas contra personas que consideraban les representaban peligro.
En 1984 se supo de la desaparición de los jóvenes estadounidenses Benjamin, Pat, Dennis y Rose, que habrían tocado a la puerta del narcotraficante Ernesto Fonseca, con la intención de compartir sus creencias como testigos de Jehová, según cuenta Alejandra Guillén González, académica del Centro Universitario de Incidencia Social (Coincide) del ITESO, en un texto publicado en la revista MAGIS de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.
Luego, en enero de 1985, el periodista John Clay Walker y su amigo Albert G. Radelat, también estadounidense, salieron a cenar, pero llegaron a un restaurante donde realizaban una fiesta privada de Rafael Caro Quintero. Los habrían confundido con agentes de la DEA y los desaparecieron. Seis meses después encontraron sus cuerpos.
Ese mismo año ocurrió también la desaparición del agente de la DEA, Enrique Camarena, quien fue torturado y asesinado por narcotraficantes del Cártel de Guadalajara.
Predios de exterminio de narcos operan, al menos desde 2012 en Jalisco
En el caso de los predios donde realizan actividades ilícitas organizaciones de la delincuencia organizada, también es cosa que se sabe en Jalisco ya desde hace años atrás.
La académica relata que, en 2012, 18 jóvenes que estaban privados de su libertad en una casa de seguridad del Cártel del Milenio-Zetas, en Ahuisculco, Tala, se escaparon.
Refiere que gente que los vio, los describen deambulando por las calles, como zombies, pidiendo ayuda, golpeados, sucios y con la ropa desgarrada.
Las víctimas habían desaparecido en Chapala y Jocotepec de donde se los llevaron, escogidos al azar por sus captores.
Testimonios de esos sobrevivientes ayudaron al gobierno de Jalisco a localizar en Ixtlahuacán del Río varias camionetas con cuerpos que iban a ser colocados en los Arcos del Milenio.
La académica, quien realizó su tesis doctoral sobre estrategias de búsqueda para encontrar a personas desaparecidas, destaca que después de esos hechos comenzó a haber otro tipo de desapariciones en el municipio de Tala, ubicado a 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Guadalajara y al este de Teuchitlán.
“Esta región comenzó a convertirse en un semillero de esclavos para distintas labores en el negocio del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque esto lo supimos años después”.
En 2017, añade, la Fiscalía de Jalisco encontró campamentos de entrenamiento de aspirantes a sicarios, donde hallaron a hombres que habían sido reportados como desaparecidos, según consta en la carpeta de investigación 1611/2017.
Entre los hombres que llegaron con engaños a esos campamentos había jornaleros, desempleados, lavacarros, albañiles, cargadores del Mercado de Abastos, mexicanos deportados de Estados Unidos, expolicías, exmilitares, jóvenes con problemas de adicciones y centroamericanos (principalmente de Honduras).
En entrevista, Alejandra Guillén González destaca que tal como ocurrió con los casos de Tala, en 2012 y 2017, y como ocurre en el caso de la finca conocida como rancho Izaguirre de Teuchitlán, son sitios que forman parte de una organización mucho más grande.
Son sitios que tienen diversas funciones, desde casas de seguridad para alojarse, retener personas, hasta los que funcionan como centros de cautiverio, entrenamiento forzado o consentido de aspirantes a sicarios, lugares de exterminio de personas, áreas de incineración y para el ocultamiento de restos humanos, todo ello en contextos de extrema violencia.
“Tienen una infraestructura impresionante, como si fueran departamentos de desaparición o reclutamiento como parte de una cadena muy grande y que requiere recursos importantes para sostenerla”.
Además, dice que México vive un momento en donde organizaciones criminales controlan la vida en diferentes regiones del país. Tiene que entenderse como un circuito amplio que no puede sostenerse sin un montón de complicidades”
Por su parte Marcela Turati, autora del libro “San Fernando: Última parada”, editado por Aguilar, apunta que ese tipo de procesos “son parte de un circuito que es muy grande y que puede ser transnacional”.
Asimismo, subraya que no se pueden tener campos de reclutamiento si no tienen el apoyo del Estado, como ocurría en las carreteras de Tamaulipas, cuando grupos de la delincuencia organizada implementaban retenes carreteros donde detenían a jóvenes que les parecían sospechosos de ir a reunirse con miembros de algún grupo delictivo contrario.
“Esto no puede ocurrir si no hay un entramado que lo permita. Lo que vemos son las cadenas visibles: el sicario que estaba ahí, el que estaba en el rancho, pero no vemos los empresarios que lo hacen posible, los políticos que dejaron que sus campañas sean financiadas por estas personas. Tenemos que entender esto como un sistema”.
Alejandra Guillén González llama la atención en que a esos lugares conducen tanto a hombres y mujeres que son atraídas con ofrecimientos de recibir un salario, así como a víctimas de desaparición forzada, la cual ha crecido exponencialmente en las últimas décadas.
Explica que eso se debe a una variación en la forma en la que operan esas organizaciones criminales: en un contexto de extrema violencia, han pasado de la exhibición de extrema crueldad (como cuando colgaban a sus víctimas en puentes), al ocultamiento de asesinatos.
“Esta violencia excesiva no solo es un mensaje para las personas que se llevan, sino para las que se quedan, para las poblaciones que buscan ser aterradas e incluso para que las autoridades estén obligadas a negociar”.
Para Tania del Río, promotora en temas de construcción de paz, autora del libro “Rastreadoras”, editado por Aguilar, ideas, para tener una idea de cuántos lugares como el descubierto en Teuchitlán, Jalisco hay en el país, habría que preguntarse cuantos cárteles de narcotráfico había en México durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, que seguramente se contaban con los dedos de una mano y cuántos hay ahora cuando seguramente no alcanzan los de las dos manos.
Además, antes su operación se concentraba en entidades muy bien identificadas y las actividades en las que estaban involucrados eran menos que ahora.
No todos los que pasaron por esos lugares fueron a fuerza y no todos están muertos
Por otra parte, Turati remarca que es importante tomar en cuenta que no todas las personas que pasan por lugares como el rancho Izaguirre, de Teuchitlán, fueron reclutadas forzadamente. “También hay gente que opta por irse ahí. Hay un tema cultural, los narcocorridos, los corridos tumbados, todo esto nos está diciendo todo el tiempo hay otra vida fuera de aquí”.
Para la investigadora, hay que entender que hay un negocio criminal que busca que jóvenes se incorporen a sus filas y hay jóvenes que no tienen oportunidades de movilidad social en los contextos donde viven.
En ese tenor, Tania del Río subraya que, como sociedad, les fallamos todos a esos jóvenes, porque querían salir de la condición de desigualdad en la que estaban.
Al respecto Alejandra Guillén González subraya que lo hallado en Teuchitlán refuerza también la idea de que no podemos pensar a los desaparecidos como muertos, sino que debe exigirse hallarlos vivos.
También subraya que cuando se trata de personas que son llevadas con el objetivo de convertirlas en sicarios experimentan procesos crueles pues no solo buscan atormentarlos físicamente, sino “destruirles el alma” para deshumanizarlos. Se valen de medios violentos para construir ejércitos, donde quienes sobreviven son muertos vivientes.
Desde la perspectiva de Guadalupe Aguilar, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), no debe perderse de vista que la desaparición forzada de personas no es un fenómeno social. “La desaparición es un delito de lesa humanidad, eso no lo debemos de olvidar”.
La también madre de José Luis Arana Aguilar, quien fue desaparecido el 17 de enero de 2011 en Tonalá, Jalisco, dice que lo ocurrido en Teuchitlán hizo evidente el “holocausto” que padecen muchas personas. “Holocausto que debe convertirse en una oportunidad de cambio, algo que ya inició porque, al menos, ya obligó a la presidenta (Claudia Sheinbaum) a hablar sobre las y los desaparecidos, algo que no había hecho”.
Sin embargo, para Tania del Rincón el gobierno sigue sin reconocer que el narco secuestra o seduce a hombres y mujeres para ingresar a sus filas y que en eso perdemos todos. “Claro que se da cuenta, pero no lo reconoce”. Y luego preguntó: ¿Cómo detienes algo si lo niegas”?
En ese aspecto, Alejandra Guillén González opina que la narrativa del gobierno pretende desmovilizar o provocar que la gente le quite atención y limpiar su imagen. Creo yo que no estamos en una lógica de búsqueda de verdad y justicia y de encontrar a la gente sino de minimizar daños y seguir negando estos problemas.
Indica que, en el caso del predio, de Teuchitlán, Jalisco es muy importante que las autoridades realicen las investigaciones de los restos de huesos para saber qué personas murieron en ese lugar y no ocurra como en otros sitios en donde solamente se llevan las evidencias y nunca se sabe algo más.
En opinión de la académica, la atención que ha generado el asunto puede traer algo positivo si la presión social continúa. Se está visibilizando un problema que no es de hoy; esperemos que esto se traduzca en el hallazgo de estrategias que impidan que se sigan llevando a nuestros jóvenes.
En tanto, Tania del Río, recalca que lo que está sucediendo con el caso Teuchitlán, es una forma de hacer visible un problema muy grande que tenemos en México, donde los actores principales son las familias de los desaparecidos y el conjunto de colectivos que los busca, porque realizan una tarea que debería estar haciendo el gobierno.
Son muchos los que faltan, son ausencias que duelen.
