La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha iniciado un esfuerzo por racionalizar el uso de los recursos públicos con la implementación de su Programa de Racionalidad Presupuestaria 2025, que comenzó a regir desde el 1 de enero de este año. Esta estrategia busca asegurar que los fondos destinados a la educación superior se utilicen de manera eficiente, transparente y responsable, en línea con las políticas de austeridad promovidas por el gobierno federal.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, ha subrayado el compromiso de la institución con la rendición de cuentas y el manejo adecuado del presupuesto, reforzando su política de transparencia que se ha venido aplicando durante más de 20 años. Este enfoque está alineado con las iniciativas gubernamentales que buscan optimizar el gasto público, en un momento clave para el país en términos de eficiencia en el uso de recursos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó públicamente estas medidas, expresando su aprobación con el comentario: “La UNAM hizo un programa de austeridad que me parece muy bien”. A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, elogió la iniciativa, destacando que este programa será presentado como un modelo ante la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), como ejemplo de cómo gestionar los recursos públicos con eficacia y honestidad.
El programa incluye una serie de medidas concretas para asegurar el uso racional del presupuesto, como la no autorización de nuevas plazas laborales, salvo para proyectos académicos clave. También se restringirán las remodelaciones a aquellas áreas que directamente beneficien la enseñanza y la investigación, particularmente en lo que respecta a aumentar la matrícula estudiantil. En cuanto a la compra de mobiliario y equipo, esta será limitada a las obras que ya estén en proceso.
Además, los funcionarios universitarios no recibirán incrementos salariales, y se realizará una revisión de la estructura salarial para ajustarla a las normativas federales. También se disminuirán los viajes, tanto al extranjero como dentro del país, a los estrictamente necesarios, promoviendo el uso de herramientas digitales para la participación en eventos y reuniones. Otras medidas incluyen una reducción del 30% en las partidas de viáticos y gastos en transporte, así como la prohibición de contratar nuevas líneas telefónicas, salvo en casos de proyectos estratégicos.
