En las zonas rurales del país, se estima que cerca de tres de cada 10 adultos tienen acceso a servicios financieros formales ante la falta de mecanismos que les provean opciones seguras; sin embargo, la necesidad persiste y pese al avance de la bancarización en México, el gran pendiente es cómo incluir financieramente a los más desprotegidos.
Pero no es una cuestión sólo de intención, el tema regulatorio es importante para darle seguridad a los recursos de las personas de estas comunidades, componente que hizo falta en el caso de la sociedad financiera comunitaria (sofinco) SMB Rural, la cual operó en el limbo legal por más de 10 años y que ha desaparecido el ahorro de artesanos, campesinos, comerciantes y diversos ahorradores de las regiones más apartadas en materia de servicios financieros.
El surgimiento de la figura sofinco fue en el 2009, cuando se incluyó en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, lo cual fue visto por sus impulsores como un avance para la inclusión financiera de las comunidades rurales.
El sentido de este tipo de organizaciones es promover el ahorro y el apoyo del crédito para el desarrollo productivo del sector rural.
La ley establece que las sofincos son instituciones con características de una mutual y podrán integrarse por personas físicas y morales, con el fin de ofrecer servicios a sus socios y terceros en zonas rurales. Los principios de esta figura son:
Territorialidad.
Solidaridad.
Apoyo Mutuo.
Atención a sectores como agricultores, ganaderos, forestales y pescadores.
Legalmente se constituyen como sociedades anónimas bajo los límites de propiedad colectiva y base democrática, es decir, ninguna persona física puede tener más de 1% del capital social.
Hace más de 30 años, diversas organizaciones campesinas comenzaron con la idea de formar instituciones financieras que les provean servicios acordes a sus necesidades y fue en el 2009 que nació SMB Rural, gracias al impulso de cuatro asociaciones fundadoras: Fincoax, Zihualtme, Finrural y la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss).
En el 2010, SMB Rural comenzó operaciones como una sofinco de nivel básico, es decir, por tener un monto de activos inferior a los 2.5 millones de Udis (que en ese entonces equivalían a 10.8 millones de pesos), no requería de la autorización ni supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para su funcionamiento, pero con el tiempo, la entidad creció y solicitó su autorización para unirse al mundo financiero regulado.
En mayo del 2013, la CNBV otorgó la autorización a SMB Rural para constituirse como sofinco regulada; sin embargo, faltaba el oficio de inicio de operaciones para que fuera una entidad autorizada y supervisada por esta autoridad, además de que podía ofrecer el seguro de protección para este tipo de entidades, que cubriría el ahorro de sus socios hasta por 25,000 Udis (actualmente hasta 207,000 pesos). Pero el oficio nunca llegó.
Pahuatlán y Hueyapan son dos municipios del estado de Puebla donde ocho de cada 10 personas viven en situación de pobreza y tres de cada 10 están en pobreza extrema, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
En estos dos municipios difícilmente se observan opciones financieras formales, más allá de unas cuantas sucursales del Banco del Bienestar, donde únicamente se pagan apoyos de programas sociales; los corresponsales se encuentran lejos de estas dos regiones y ni hablar de la presencia de la banca comercial, pues no existe.
Ahí, en estas zonas olvidadas para el sistema financiero formal, SMB Rural se convirtió en una opción para las personas de dichas comunidades, con servicios de ahorro y crédito. Artesanos, comerciantes, campesinos, mujeres dedicadas a la limpieza de hogares, entre otros, formaban parte de su lista de socios.
Hasta el tercer trimestre del 2023, la sofinco contaba con activos por 216 millones de pesos y atendía a 107,103 socios en 33 sucursales en seis estados: Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Chiapas y San Luis Potosí.
En un recorrido de este medio por Hueyapan y Pahuatlán, se constató la afectación para diversos ahorradores. Personas que con dificultades entienden y hablan el español, explicaron su situación y transmitieron el sentir cuando sucede una cuestión así: tristeza, desesperación, coraje e impotencia.
Todos los casos son lamentables: madres solteras que tenían todo su patrimonio ahorrado en la institución, personas que sólo buscaban proteger el dinero ganado por sus hijos que se fueron de migrantes a Estados Unidos, campesinos que utilizaban los servicios para su producción y su día a día. Ellos poco o nada saben de la situación regulatoria de SMB Rural, a ellos les decían que era una “opción segura” y creyeron.
En septiembre del 2017, se documentó cómo la administración de SMB Rural, encabezada por José Daniel Trejo Sotelo, su gerente general, y Urbino Martínez Cortes, presidente del consejo de administración, habían maquinado todo para eliminar a una de las asociaciones fundadoras de la sofinco, la Amucss, como accionista de dicha sociedad.
En su momento, Isabel Cruz, directora de la Amucss, denunció que dicho movimiento correspondía a las intenciones de sus administradores para poder saquear a la entidad. En aquel entonces, Cecilia Teresa Mondragón Lora, vicepresidenta de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares de la CNBV en aquella época, indicó que esta autoridad no tenía las facultades para intervenir en el conflicto y su actuar estaba limitado a revisar que la sociedad cumpliera los requisitos para que se le otorgara el aval del inicio de operaciones.
Pero el aval para el inicio de operaciones, que daría a SMB Rural la entrada al mundo financiero regulado, nunca llegó, lo que impidió que sus ahorradores pudieran tener la protección del seguro al ahorro para estas entidades, que protege hasta 25,000 Udis (alrededor de 200,000 pesos actuales) en caso de quiebra o cierre.
En una entrevista del 2023, tanto Trejo Sotelo como Martínez Cortes alegaron que los gastos de operación de SMB Rural eran altos y tenían serios problemas de cartera vencida, pero omitieron mencionar el por qué se duplicaron sus costos operativos en el primer año que la Amucss dejó de ser accionista.
A septiembre del año pasado, la entidad tenía un nivel de capitalización de -140%, es decir, en insolvencia absoluta.
En enero de este año, la CNBV publicó en el Diario Oficial de la Federación parte del oficio de revocación de la autorización otorgada a SMB Rural, con el fundamento que no cumplió con lo previsto en el artículo 37 primer párrafo, fracción I y 46 Bis primer párrafo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, por lo que tendría que dejar de realizar operaciones y se pondría en un estado de disolución y liquidación.
Sin embargo, como sucede en la mayoría de los casos, en el sector rural estos formalismos de poco sirven. Si bien, desde finales del 2023 SMB Rural ya comenzaba con incumplimientos, una vez que le fue revocada su autorización, la sofinco, en algunos casos, renovó pagarés vencidos, lo cual podría configurar el delito de captación ilegal de recursos.
Pero la situación en Pahuatlán y Hueyapan estalló en julio pasado, cuando los ahorradores enardecidos por no poder acceder a sus recursos tomaron las sucursales, todavía en funcionamiento, de SMB Rural en estos municipios hasta lograr ser visibles ante las autoridades locales.
Zwingilio Morice Camacho, abogado de defraudados en estas dos localidades, indicó que el desfalco en estos dos municipios puede llegar a los casi 40 millones de pesos, en perjuicio de cerca de 500 personas, por lo que se han emprendido acciones penales en contra de los administradores de SMB Rural, principalmente contra Daniel Trejo Sotelo y Urbino Martínez Cortes.
“El camino penal va en dos vertientes: la primera, buscar el rastro del dinero y para eso se piden autorizaciones judiciales para que la CNBV informe adónde fue a parar ese dinero, los famosos estados financieros de la empresa y el segundo aspecto, es buscar las cuentas personales de los administradores porque pues en algún lado tiene que estar el dinero”, declaró Morice Camacho.
Para el abogado, además de las instancias judiciales, es importante que el seguro de depósitos que se tiene en entidades financieras reguladas sea válido en este caso, pues los contratos muestran que SMB Rural era una entidad autorizada por la CNBV y supervisada por otras autoridades, como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
“La gente no está pidiendo nada que no sea legal y el hecho que se haya revocado a SMB Rural, no exime la responsabilidad de la CNBV de haber realizado un proceso adecuado, porque al recibir dinero la sofinco tenía la obligación por ley de avisar cuántas sucursales tenían, a cuantas personas tenían como ahorradores y a cuántas como deudoras”, indicó el abogado.
Isabel Cruz Hernández, directora general de la Amucss, consideró la situación de SMB Rural como grave, especialmente porque con las complejidades legales, se demuestra que las leyes no funcionan en favor de los más pobres, los cuales no tienen acceso a justicia financiera.
“El caso es el final de un largo proceso que se pudo evitar, con simplemente aplicar las medidas preventivas que tiene la regulación y la ley para evitar fraudes, se pudo haber evitado que miles de familias se quedaran sin patrimonio y no se hizo, es decir, fue una cadena de impunidades operativas, legales, regulatorias que muestra la dificultad que tiene el sistema financiero para poder atender la inclusión de comunidades rurales”, explicó Cruz Hernández.
Para la representante de Amucss y una de las principales impulsoras de la figura sofinco en México, este hecho demuestra un desconocimiento de las autoridades de cómo es el mundo rural. “La gente no entiende qué es eso de revocación, los ahorradores van a las oficinas buscando una solución, los maltratan, nadie les da información… SMB Rural siguió captando (pese a la revocación) y la gente, sin entender por qué no les daban su dinero. Es grave porque todos le dan la espalda al mundo rural”.
En eso coincide el abogado Morice Camacho: “Existe una complicidad y contubernio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no observaron las formalidades del proceso para revocar y están dejando en insolvencia, en absoluta indefensión a miles de ahorradores de comunidades indígenas que confiaron sus recursos en esta institución”.
Al ser consultada la Condusef al respecto, indicó que hasta hace algunos días no se había tenido alguna queja por los servicios que ofrecía SMB Rural antes de su revocación, sólo asesorías que fueron atendidas vía telefónica, así como 13 asuntos en el Registro de Despachos de Cobranza. La institución que encabeza Óscar Rosado apuntó que en las unidades de Puebla, Oaxaca y Chiapas nadie se ha acercado a pedir asesoramiento al respecto, pero indicó que, de ser necesario, se brindará asesoría a los afectados.
Por su parte, la CNBV que encabeza Jesús de la Fuente Rodríguez, no ofreció postura alguna. En medio de todo el caos, salió a la luz la resiliencia de las comunidades rurales. Juana Fajardo Aparicio, integrante del comité de afectados por SMB Rural en Pahuatlán, indicó que, pese a todas las adversidades, se peleará hasta la última instancia para poder recuperar el dinero.
“Estamos pidiendo nuestro dinero solamente, porque en algún momento estuvimos regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores… El cansancio no nos estorba y no nos vamos a cansar porque, al contrario, estamos enojados y vamos con todo para poder recuperar nuestro dinero”, destacó Fajardo Aparicio.
