La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que sobre el ex funcionario sentenciado por narcotráfico pesan al menos tres órdenes de aprehensión aquí. Hay temas jurídicos, denuncias, contra el criminal García Luna en México, afirmó en su rueda de prensa en Palacio Nacional, y agregó que Felipe Calderón sí sabía de los nexos de su ex mano derecha con el crimen, incluso antes de invitarlo a su gobierno.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, puntualizaron que se trata de investigaciones que están vigentes por delitos cometidos en México, que no tienen vinculación con el juicio llevado a cabo en Nueva York contra el ex alto funcionario y que están relacionadas con la operación Rápido y furioso, con contratos otorgados de manera directa a empresas privadas para la construcción de penales federales que derivaron en daños al erario y con una trama de lavado de dinero por la que se defraudaron a la hacienda mexicana más de 625 millones de dólares, caso en el que, además de García Luna, hay 60 imputados con órdenes de captura, algunos en la cárcel y otros prófugos en Estados Unidos.
¿Qué procede? Solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa, dijo Gómez, quien expuso que con ello se evitaría que ante una eventual liberación del sentenciado éste pudiera eludir a la justicia mexicana.
Vamos a ver lo de la extradición de la esposa, expuso Sheinbaum, y agregó que pidió un informe a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre cuántas carpetas de investigación tiene abiertas contra García Luna y si existen órdenes de aprehensión adicionales a las registradas por su gobierno.
Rodríguez afirmó que García Luna fue condenado en Estados Unidos porque ayudó al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Repasó la carrera del ex funcionario y señaló que la FGR ha comprobado que fue enviado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en 1994 para rescatar y encubrir a José Antonio Sánchez Ortega, agente del mismo organismo acusado de ser el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Respecto al caso de la red de lavado de dinero, Pablo Gómez recordó que se trata de una investigación hecha en México y por la que se emitieron órdenes de aprehensión en contra de 61 imputados, entre ellos García Luna y su esposa –a quien en 2019 la UIF le congeló el acceso al sistema financiero y a sus cuentas bancarias, medidas revertidas por mandato judicial–, además de que el gobierno mexicano entabló un litigio en Estados Unidos para recuperar los recursos triangulados a ese país.
Detalló que García Luna, a través de una red de empresas operada por Grupo Weinberg, de Mauricio Samuel Weinberg López y Jonatan Alexis Weinberg Pinto, obtuvo entre 2009 y 2018 contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos con instituciones como la Policía Federal, el Cisen y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que pagaron 625 millones 188 mil dólares y 93 millones 866 mil pesos directamente a cuentas en México, Barbados e Israel.
Parte de los recursos fueron regresados por la red a cuentas de México mediante empresas pantallas y otros se enviaron a Estados Unidos, donde se compraron departamentos y otros bienes. Es una red internacional de lavado que complementa la red de defraudación al Estado mexicano, concluyó Gómez.
