La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa para modificar las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el objetivo de clarificar el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que esta propuesta busca especificar aspectos no contemplados en la Constitución respecto a la elección de integrantes del Poder Judicial.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, será la encargada de llevar la iniciativa al Congreso.
Sheinbaum subrayó que la reforma constitucional al Poder Judicial ya fue aprobada y que el proceso electoral para seleccionar a los nuevos integrantes comenzará en unos días.
Además, indicó que, si la SCJN no envía las vacantes correspondientes, el Senado utilizará información pública para emitir la convocatoria el próximo 16 de octubre.
Godoy explicó que el proceso electoral se dividirá en seis etapas: preparación de los comicios, convocatoria y postulación de candidaturas, jornada electoral, cómputos y sumatoria, asignación de cargos, y la calificación y declaración de validez de los resultados.
La elección extraordinaria está prevista para el 1 de junio de 2025, donde los ciudadanos elegirán a jueces, magistrados federales, algunos jueces estatales, miembros del Tribunal Electoral, ministros de la SCJN y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
El Senado convocará a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para instalar comités de evaluación el 31 de octubre, conformados por cinco personas de reconocido prestigio jurídico.
Estos comités definirán a los candidatos a través de procesos abiertos y transparentes, garantizando la paridad de género.
En enero de 2025, se enviarán listas de finalistas para las vacantes judiciales, y en febrero se aprobarán los listados definitivos.
Finalmente, la consejera jurídica indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá diseñar las boletas, asignar espacios en medios de comunicación, organizar foros y establecer límites de financiamiento personal para las campañas, que no podrán recibir fondos públicos ni privados.
Los candidatos únicamente podrán promover sus méritos y trayectoria a través de medios digitales y espacios públicos designados.
