asistiremos a la sesión convocada este domingo 29 de septiembre para la declaratoria de reforma constitucional que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ya que no convalidaremos militarizar la seguridad pública del país.
No seremos cómplices de la militarización de la seguridad pública y de una estrategia que ha demostrado su fracaso, que ignora las verdaderas necesidades de seguridad y que sigue poniendo sobrecarga sobre nuestras Fuerzas Armadas, en lugar de apostar por policías civiles profesionales y cercanas a la ciudadanía.
Durante el proceso de discusión y aprobación de la reforma, el PAN dejó en claro que mantener a la Guardia Nacional en tareas de seguridad es una extensión de una estrategia que ha fallado rotundamente. Estamos convencidas y convencidos que la seguridad pública debe estar en manos de civiles, y no debe sobrecargarse a las Fuerzas Armadas con tareas que no les corresponden.
El gobierno de Morena ha sido incapaz de controlar la seguridad en el país y las reformas deben centrarse en la construcción de un marco institucional que promueva la paz y el respeto a los derechos humanos, asegurando que nuestras fuerzas de seguridad operen bajo los principios de legalidad, transparencia y respeto a las libertades democráticas.
Reconocemos el valor, la lealtad y la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas y su papel crucial en la defensa de la seguridad nacional. Sin embargo, estamos en contra de esta medida porque consideramos que la Guardia Nacional debe ser una institución de carácter y mando civil, como originalmente se creó.
Dejamos muy en claro que nuestra ausencia no es desinterés, sino todo lo contrario, ya que somos una resistencia activa y firme ante este grave retroceso para el país.
No existe justificación para esta reforma, ya que en 2022 se aprobó una ampliación del plazo hasta 2028 para que el Ejército apoye en tareas de seguridad pública, por lo que no había urgencia para una nueva modificación; al contrario, lo que urge es un debate profundo y una consulta real en las entidades federativas, donde los problemas de inseguridad se viven de manera más cercana.
De hecho, el Grupo Parlamentario del PAN promovió una Acción de Inconstitucionalidad contra las leyes secundarias de la Guardia Nacional para frenar la militarización de esta corporación. La militarización de la Guardia Nacional fue una concesión temporal, pensada para dotarla de la fuerza necesaria en sus primeros años de operación, no para convertirla en un brazo permanente del Ejército.
Las y los mexicanos que merecen un gobierno que apueste por soluciones reales y que respete los principios constitucionales. No claudicaremos en nuestra lucha por una seguridad civil que esté a la altura de las necesidades del México del presente y del futuro.
