México es el segundo país de la OCDE con mayor desigualdad entre jubilados

México es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayor desigualdad de ingresos entre la población de 65 años o más, de acuerdo con datos de la misma OCDE. 

Y es que según las últimas cifras disponibles, nuestro país tenía en 2022 un coeficiente de Gini de los ingresos disponibles de 0.433 entre la población de 65 años o más, únicamente superado en la OCDE por Costa Rica, que tenía un coeficiente de Gini de 0.486 en 2023. 

El coeficiente de Gini mide la desigualdad de los ingresos en una región y un periodo determinados, en el que 1 significa desigualdad total y que una sola persona concentra todos los ingresos, mientras que 0 significa igualdad total. 

Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), aseguró que el problema es que México no tiene un sistema de pensiones homologado, esto es que no se piden los mismos requisitos ni se den los mismos beneficios a todos, lo cual genera desigualdades. 

“Por ejemplo, en los sistemas pensionarios de Pemex y CFE tienen ahorro paralelo adicional a la cuenta de ahorro para el retiro individualizada que tiene la población general. Hay que homologar los requisitos y beneficios, ¿por qué hay trabajadores que reciben más beneficios que el resto?”, cuestionó Macías. 

Actualmente, hay dos sistemas públicos de pensiones bajo los cuales se puede jubilar el grueso de la población mexicana que labora en la formalidad: 

1) El de la Ley del 73, que es un esquema en el que el gobierno otorga pensiones vitalicias con base en el salario promedio que recibió el trabajador en sus últimos cinco años de vida laboral. 

2) El de la Ley del 97, en el que cada trabajador tiene una cuenta individual en una Administradora de Fondo para el Retiro (Afore) en la que va ahorrando a lo largo de su vida laboral y, una vez que llega a la edad de 65 años, se le entrega una pensión a partir de los recursos que haya acumulado. 

Estos dos esquemas son de pensiones contributivas, es decir, que el trabajador tiene que aportar de su salario a lo largo de su vida laboral y así va ahorrando para cuando se jubile. 

Además, están los esquemas especiales para ciertos trabajadores del Estado, como el que tienen las empresas productivas del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), gobiernos locales y universidades públicas. 

De acuerdo con datos del mismo CIEP, el pasivo pensionario de Pemex y la CFE asciende a 5.6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, por lo que es necesario que se negocien los términos de las pensiones con los trabajadores. 

Alejandra Macías recordó que en los esquemas pensionarios de años anteriores de Pemex, los trabajadores nunca contribuyeron a sus pensiones y las pagan por completo la empresa, es decir, el Estado. 

“Ya cuando hacen una reforma entonces sí ya hay contribución otra vez de la empresa y del trabajador, pero sigue siendo empresa pública y siguen teniendo condiciones mucho más privilegiadas que cualquier otro trabajador en México, entonces tendríamos que hablar de hacer pensiones más igualitarias”, aseguró Macías. 

Destacó que en el caso de la CFE ya había una negociación para aumentar la edad de retiro de sus trabajadores, pero en esta administración se volvió a disminuir a como estaba antes, por lo que hay trabajadores de la empresa estatal que se pueden pensionar desde los 55 años si cumplen con una antigüedad de 30 años. 

En los esquemas de Afores y Ley del 73, el trabajador debe de contar con 65 años de edad para solicitar una pensión por vejez. 

Macías igualmente destacó que otros aspectos que se deberían revisar en el sistema de pensiones actual para hacerlo más igualitario, es considerar eliminar la Modalidad 40, así como establecer una fecha a partir de la cual la generación de transición puede elegir si se jubila bajo la Ley del 73 o con el sistema Afore. 

Actualmente, México gasta el 5.8% de su Producto Interno Bruto (PIB) en pensiones, tanto contributivas como no contributivas, cifra que se estima podría subir al 7.1% en 2030, de acuerdo con cálculos del CIEP. 

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