El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, confirmó que se presentará a la reelección como secretario general socialista en el congreso de su partido de finales de noviembre próximo con “un proyecto de futuro para España”, y con metas internacionales como avanzar en la paz de Ucrania y Palestina.
“Quienes piensan que nuestro objetivo es resistir, se equivocan drásticamente porque nuestro objetivo es transformar, es hacer avanzar a España, es seguir modernizándola hasta convertirla en uno de los países social, económica y medioambientalmente más avanzados”, recalcó en una reunión de alto nivel de su partido.
Apostó por un papel importante de España en Europa y en el mundo, defendiendo los derechos humanos, los organismos multilaterales y la legalidad internacional, la ayuda al desarrollo, la democracia y la paz, medidas contra el drama que padecen miles de migrantes y “protegiendo la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén donde estén, en Rusia, Palestina o Venezuela”.
El dirigente de izquierda, que gobierna desde 2018, se presentará a la reelección al frente del Partido Socialista para “actualizar el sueño socialdemócrata” y “adaptarlo a los nuevos escenarios sociales, tecnológicos y geopolíticos”, dijo ante el Comité Federal, máximo órgano de dirección de la formación.
Su reto político más importante e inmediato es la presentación de un proyecto de presupuestos del Estado para 2025 (los de 2023 están prorrogados en 2024) y, sobre todo, armar la mayoría parlamentaria suficiente para que sean aprobados.
Sánchez gobierna en minoría con otro partido de izquierdas (Sumar) y necesita constantemente negociar para conseguir el apoyo imprescindible de los independentistas catalanes y partidos vascos representados en el Parlamento español para sacar adelante las leyes.
El otro escollo es la polémica en torno a un acuerdo firmado entre los socialistas y los independentistas de ERC (izquierda republicana catalana) para una financiación “singular” de la región autónoma de Cataluña.
Esto ha suscitado un fuerte rechazo entre dirigentes socialistas de otras regiones y la oposición conservadora, pues consideran que se trata de privilegiar fiscal y financieramente a Cataluña en detrimento del resto.
Sánchez abrió la posibilidad de que todas las regiones autónomas que lo deseen “recauden y gestionen más gravámenes”. Esto es “coherente con nuestro Estado federal que llamamos autonómico”, enfatizó.
