La reforma al Poder Judicial promovida por el Ejecutivo no garantiza justicia; en cambio, abre paso a la violación de los derechos humanos, no asigna recursos para un mejor acceso a la justicia y la elección por voto directo de ministros, jueces y magistrados sería manipulada por el gobierno y Morena.
Así lo señaló la coordinadora Noemí Luna Ayala al presentar las conclusiones de un estudio realizado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la Cámara de Diputados, el cual alerta que la construcción actual de la reforma judicial estaría abriendo la puerta a la injerencia del crimen organizado.
El análisis de 39 puntos revisa las implicaciones formales, materiales, políticas y económicas del Dictamen para reformar al Poder Judicial -avalado el miércoles por mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados- y precisa que dicha iniciativa hace que México pierda confianza jurídica y competitiva frente a otros actores mundiales que han señalado sus peligros.
Además, la coordinadora del GPPAN informó que el estudio advierte que se generaría un estado de indefensión al personal de apoyo del Poder Judicial, como secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros, quienes serán evaluados no por sus conocimientos y resultados, sino conforme a su afinidad ideológica.
Esta “transformación”, añadió, no garantiza una mayor legitimidad ni calidad en las decisiones judiciales, porque serán personas juzgadoras “a modo”, bajo una ideología que derivará en defender los intereses del gobierno, en lugar de proteger los derechos y libertades de las personas. Así, quienes tengan más poder económico podrán pagar y los más vulnerables quedarán en total indefensión.
Se expone en el documento que además de implicar la violación al principio constitucional de división de poderes, el Dictamen no considera ni asigna presupuesto a instituciones policiales, ministeriales y jurisdiccionales locales pese a que la base de los problemas de impartición de justicia tiene lugar en lo local, y esto se recrudece ante la incapacidad o complicidad de muchas autoridades.
“Se ha encontrado que en México faltan 61 juezas y jueces por cada 100 mil habitantes, ya que -de acuerdo con un estándar internacional establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- debe haber 65 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, pero tenemos sólo 4.4”, retomó en su oportunidad Noemí Luna Ayala.
“Enfrentaremos mayores violaciones a los derechos humanos, pues se presentarán casos de desigualdad y discriminación en la impartición de justicia al beneficiarse a personas cercanas al poder político o, incluso, de la delincuencia organizada”. Será contundente la politización del acceso a la justicia, los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas; vigilancia, formación y control de juzgadores.
Por ende, los principales afectados de la eliminación de los efectos generales de las sentencias serán las personas en situación vulnerable”, recalcó Noemí Luna, también secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.
En el aspecto económico, el análisis del GPPAN advierte que el gobierno federal destinaría más recursos al pago de la deuda externa (que se mide en dólares), lo que impactará sobre el gasto público al verse mermado, aumentará el desempleo y disminuirán los ingresos de las familias, sin dejar de lado que disminuirá la recaudación.
Otro factor fundamental de atender será la revisión del T-MEC en el 2026, cuando podría desatar controversias por fallos contrarios al Estado de Derecho e inclusive el gobierno de la próxima presidenta podría recibir solicitudes de panel y controversias antes de ese año.
“La aprobación de la reforma implicaría la violación por parte de México de lo que dispone el T-MEC, en materia de inversiones, pues no garantiza que el país cuente con un Poder Judicial imparcial, transparente y garante de los derechos de los inversionistas”.
Al romperse los equilibrios y contrapesos propios de la división de poderes será más fácil la injerencia del, Ejecutivo sobre el Judicial; además de que el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría propiciar un clima generalizado de impunidad; en tanto el gobierno y Morena podrían endurecer sus posiciones y no abrirse a los consensos republicanos que rigen en México, finaliza.
