La diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) propuso reformar la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para establecer entre los propósitos de estos órganos el de promover, orientar e impartir capacitación en materia de igualdad y no discriminación entre sus afiliados.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, señala que es necesario que los centros de trabajo, independientemente de pertenecer al sector público o privado, implementen prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Destaca que la discriminación en el empleo en México es un fenómeno presente en múltiples espacios, que afecta a miles de mexicanos y mexicanas, incluidos los grupos vulnerables de la sociedad.
Puntualiza que existen situaciones en las que una persona es tratada de manera desigual por razones de género, discapacidad y etnia, lo cual se manifiesta en la negativa a contratarla o promoverla en su trabajo, así como asignarle salarios o beneficios desiguales o crear un ambiente laboral hostil o de acoso sexual.
Indica que las cámaras y confederaciones representan un amplio espectro de empresas y organizaciones; tienen la oportunidad de fomentar acciones no discriminatorias y desempeñan un papel importante en la promoción de prácticas laborales justas, igualitarias y no discriminatorias, lo cual abona positivamente a las relaciones de trabajo y consigue un impacto más allá del ámbito laboral.
“En un mercado laboral cada vez más competitivo, las empresas que promueven un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso tienden a atraer y retener a los mejores talentos”, sostiene la legisladora.
Señala que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones los Hogares 2021, el 27.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más, experimentaron discriminación y/o violencia en su trabajo, y 15 por ciento de las personas hablantes de lengua indígena son trabajadoras sin pago.
En 2016, el mismo sondeo reportó que al 12.7 por ciento de las mujeres las discriminaron en el trabajo por embarazo, al 11.5 por ciento les pidieron una prueba de embarazo como requisito para trabajar, al 1.2 por ciento la despidieron por embarazarse o no le renovaron el contrato, y al 0.6 por ciento le bajaron el salario o las prestaciones por esa causa.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), sólo 25 por ciento de las personas con discapacidad con una ocupación económica tiene contrato y sólo 27 por ciento tiene prestaciones médicas.
