La diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz (Morena) promueve una iniciativa de reforma legal para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) proporcione a los estudiantes con discapacidad los materiales y ayudas técnicas para adquirir los conocimientos necesarios en materia de educación sexual integral y reproductiva.
Asimismo, para establecer que la Secretaría de Salud debe crear programas de rehabilitación sexual, educación sexual integral y reproductiva para estas personas.
En ambos casos, se estipula que dicha educación “implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos de menores de edad, de las infecciones de transmisión sexual, la responsabilidad afectiva, la identidad de género y los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad en todas las etapas de la vida”.
El proyecto, turnado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, plantea reformar la fracción X del artículo 7 y la fracción XIV del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
En su exposición de motivos, la legisladora refiere que la educación sexual integral es entendida como el método de instrucción que tiene como objetivo brindar a los estudiantes el conocimiento, las actitudes, habilidades y valores para tomar decisiones adecuadas y saludables en su vida sexual; además, sobre la reproducción y los riesgos para la salud asociados con la sexualidad.
Considera necesario concientizar a la sociedad de que la sexualidad es parte de la vida y se debe priorizar el derecho a recibir una información fiable, científica e integral sobre este tema, a pesar de que la educación sexual se considera un tema delicado por diversos sectores sociales, respecto a qué edades y quiénes la deben proporcionar.
Señala que lo ideal es permitir que las personas la reciban desde que son menores de edad, para que conozcan su propio cuerpo y sus derechos, se les informe sobre la igualdad de género, la orientación sexual, la identidad de género y las relaciones saludables, a fin de propiciarles una vida más óptima.
Al respecto, precisa que la educación sexual integral es una herramienta poderosa para combatir la violencia, el abuso y la discriminación, para promover el respeto por la diversidad; también es esencial para prevenir y combatir el abuso sexual contra los niños y niñas, la violencia sexual y la explotación sexual.
Indicó que en México un sector de la población con discapacidad se encuentra fuera de los niveles de educación pública, por lo que es necesario establecer mecanismos y políticas públicas para que reciban educación sexual integral, aquellas niñas, niños y jóvenes que se encuentran en otros ámbitos.
Destaca que es imperante la impartición de educación sexual en las escuelas, instituciones de asistencia social, nivel básico y medio, así como al interior de la familiar, toda vez que la mayoría de los jóvenes obtienen la información a través de Internet y redes sociales.
