En vísperas del Día Internacional de la Mujer, Isaúl Moreno Gómez, candidato a diputado federal por la coalición Fuerza y Corazón por México, se sumó a la demanda de organismos internacionales para otorgar reconocimiento a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos. Su propuesta incluye la creación de un fideicomiso que les proveerá de recursos económicos esenciales, garantizando su seguridad física y mental ante los severos peligros que afrontan.
Este compromiso surge en respuesta a la negligencia estatal frente al deber de proteger a estas voluntariosas mujeres, que en su incansable búsqueda de justicia y verdad, han sido víctimas de secuestros, extorsiones, amenazas y, lamentablemente, en algunos casos, asesinato.
Desde 2019, la ONU ha registrado el asesinato de al menos nueve mujeres involucradas en estas búsquedas y ha expresado su apoyo a quienes se han visto forzadas a abandonar sus hogares. Por ello, Moreno Gómez enfatizó la urgencia de fortalecer el marco legal y las instituciones en México para brindar apoyo adecuado a los familiares de las víctimas, incluido el indispensable soporte psicológico ante las arduas pruebas emocionales, físicas y legales que enfrentan.
El escenario actual es desolador: según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), existen más de 115 mil personas desaparecidas, con 43 mil 463 casos reportados durante el actual gobierno, y más de 52 mil cuerpos aún sin identificar.
Moreno Gómez criticó la actitud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha dejado a las madres buscadoras enfrentarse solas con esta crisis, exponiéndose a riesgos enormes sin el equipo, ni el respaldo oficial necesarios. Al respecto, organizaciones de madres buscadoras han cuestionado la indiferencia del gobierno ante este grave problema.
La propuesta de Moreno Gómez —candidato de la coalición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)—, apunta a una transformación profunda: proveer a estas mujeres de la tecnología, las herramientas y los recursos necesarios para realizar una labor que, en justicia, corresponde al Estado.
Además, reclama una mayor transparencia y eficacia en el registro de desaparecidos y la adopción de medidas que eviten la revictimización de los colectivos afectados. Su iniciativa busca marcar un precedente en la lucha por la justicia y la dignidad de las víctimas, colocando los derechos humanos en el centro de la agenda política
