Las políticas públicas dirigidas a la atención en salud, bienestar y desarrollo de las personas con algún tipo de discapacidad no deben ser discriminatorias, sino tener enfoque de respeto integral a los derechos, pidió la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, Gabriela Sodi.
Lo anterior, al inaugurar un foro sobre diversidad auditiva en México.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expuso que las personas con discapacidad auditiva, que no forman parte de la comunidad de sordos, en su gran mayoría desconoce la lengua de señas mexicana.
Se apoyan en terapias para “oralizar” su lenguaje y utilizan implementos como implantes cocleares, otros auxiliares auditivos y lectura de labios.
Políticas con enfoque de respeto a derechos
Hizo énfasis en que es necesario que las medidas de atención a ese grupo poblacional debe tener presente los derechos de las personas a adquirir como primera lengua, la de sus padres.
Sodi Miranda recalcó que en el país no está al alcance de todas las personas que lo requieren, la Lengua de Señas Mexicana.
Insistió en que las políticas públicas para superar y atender deficiencias auditivas puede ser considerada discriminatoria o que atente contra los derechos culturales y a la identidad de las personas sordas.
Es necesario equilibrar la atención a la salud con el desarrollo sociocultural de las personas con algún tipo de discapacidad, incluyendo la auditiva y sus diversos tipos, ello, tras recordar que un adulto que por distintas causas perdió la audición, presenta distintas necesidades de un niño que nació sordo.
Respuestas múltiples ante la diversidad auditiva
La congresista manifestó que la discapacidad auditiva presenta distintas vertientes que obligan a las autoridades médicas, educativas y en distintos ámbitos, a contar con respuestas múltiples.
Habló de la necesidad de contar con escuelas “regulares” para “niños paralizados” que lo requieran, escuelas con educación en Lengua de Señas Mexicana, para las personas sordas y los hijos oyentes e padres sordos.
Hizo hincapié en que la atención a los grupos de diversidad auditiva no puede ser la misma en todos los casos, porque se trata de personas con necesidades diferentes.
Es preciso que el Estado respete la diversidad, usos y costumbres de cada grupo, con intervenciones que respeten los derechos de todos.
Expresó respaldo a las organizaciones nacionales e internacionales de “hipoacúsicos” que buscan el reconocimiento a su identidad y sus necesidades de inclusión.
