La diputada Carolina Viggiano Austria solicitó a la Comisión de Puntos Constitucionales, dictaminar su iniciativa que busca que la pensión para adultos mayores se otorgue a partir de los 60 años y no desde los 68 como es en la actualidad.
A través de un exhorto desde la Mesa Directiva, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI señaló que ésta se hace para que dicha propuesta pueda ser votada y aprobada para beneficiar la seguridad de los adultos mayores, ya que se busca establecer el derecho constitucional a pensión, desde los 60 años de edad; ya que en la actualidad existe una edad rígida (sesenta y ocho años) que no es acorde a la situación económica de las y los mexicanos que tienen esa edad.
Cuestionó que el pasado 13 de septiembre del 2023, se turnó la iniciativa que reforma el artículo 4 de la Constitución, a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se emitieran el dictamen correspondiente, sin embargo, dicha Comisión no ha abordado el tema.
Por lo anterior, precisó que la Presidenta de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, de exhortar a la Comisión a que presenten dictamen, sí han transcurrido cinco días hábiles, y sí no fuere suficiente, emplazarla para que lo haga en un día determinado o en su caso, proponer a la Cámara que pase a otra comisión.
“Existe un amplio consenso político y social para legislar sobre las pensiones a fin de garantizar la seguridad de las y los adultos mayores”, recalcó la legisladora hidalguense.
Agregó que la disminución de edad de sesenta y ocho a sesenta años radica en las circunstancias económicas, laborales y de desarrollo que enfrentan actualmente las y los mexicanos, donde, dijo, cada vez resulta más complicado pertenecer al campo laboral y costear alza de precios en medicinas y alimentos.
Carolina Viggiano también explicó que la pensión que actualmente otorga el Gobierno federal únicamente cuenta con un padrón de 10 millones 259 mil 861 derechohabientes.
Esto significa que existen alrededor de cinco millones de mexicanas y mexicanos excluidos de los beneficios de esta pensión, independientemente de su condición económica.
Por ello, insistió en la necesidad de su rápida dictaminación y aprobación.
