El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado propuso reformas a la Constitución para incluir en el artículo 4º: “El Estado contará con un Banco Nacional de Alimentos para la asistencia de la población afectada por desastres naturales, asegurando el acceso oportuno de alimentos en situaciones de emergencia y desastre”.
En la iniciativa, los legisladores refieren que la ocurrencia frecuente de desastres naturales en diversas regiones del mundo ha puesto de manifiesto la necesidad imperante de contar con estrategias y medidas efectivas para abordar las consecuencias devastadoras que estos eventos pueden tener en la seguridad alimentaría de las poblaciones afectadas.
“La mayoría de los desastres ocasionan escasez de alimentos, situación que perjudica gravemente la nutrición de las personas afectadas. Los huracanes, inundaciones y tsunamis afectan directamente la disponibilidad de alimentos al destruir cosechas, matar ganado y dañar las reservas de comida”, señala.
Por ello “resulta crucial destacar la importancia de establecer un Banco Nacional de Alimentos capaz de proporcionar asistencia oportuna y prioritaria a aquellos damnificados por desastres naturales”.
Explicó que la ayuda alimentaría tiene como objetivo prevenir la desnutrición tras un desastre, distribuyendo alimentos de manera inmediata a las zonas que más lo necesitan, como comunidades aisladas, hospitales, campos de refugiados y áreas afectadas, asegurando la calidad y seguridad de los alimentos proporcionados
“La experiencia reciente con el huracán Otis en Acapulco resalta la urgencia de una respuesta coordinada y rápida para enfrentar las consecuencias inmediatas y a largo plazo de los desastres naturales. La devastación dejada a su paso, con miles de familias desamparadas y necesitadas de alimentos, agua, vivienda y servicios de salud, subraya la necesidad de contar con una estructura institucional sólida para la distribución eficiente de ayuda humanitaria”, sostiene la propuesta.
Los senadores priistas destacan que “la población más vulnerable, que ya enfrenta privaciones en condiciones normales, sufre aún más cuando se ven afectadas por desastres naturales. La pobreza se agudiza, las fuentes de ingresos se desvanecen y la seguridad alimentaría se ve comprometida”.
“Es en estos momentos críticos donde la importancia de contar con políticas de seguridad alimentaría se torna fundamental, especialmente para garantizar el acceso equitativo a alimentos de calidad en las zonas afectadas”, argumentan los legisladores del tricolor, al puntualizar que “es esencial asegurar el acceso a alimentos de calidad en las zonas afectadas, distribuyéndolos equitativamente para prevenir el hambre y la desnutrición, sobre todo en niños y familias”.
El derecho a la alimentación, subrayan, se encuentra consagrado en la Constitución, pero es necesario que las políticas de desarrollo se enfoquen en atender a las personas más vulnerables en situaciones de catástrofe.
