La titular de la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, presentó su informe de labores 2023, ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
En un discurso a la defensiva, acusó que el organismo a su cargo entró en un proceso de reforma, porque ya es obsoleta.
Al cerrar su mensaje inicial, aseguró que la instancia defensora de los derechos humanos está con el proyecto político de la llamada “cuarta transformación” y atenta a que ese proceso no tenga marcha atrás.
Para ello, recordó, se implementó la reforma a la Comisión y se presentó una iniciativa de cambios en la materia, para eliminar esa instancia y en su lugar, crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.
“Son tiempos de definiciones y la nuestra no admite titubeos: estamos con la transformación porque nuestro compromiso es hacer todo lo necesario para garantizar el ejercicio y el respeto de los derechos humanos como una realidad cotidiana, por lo cual dejaremos cimientos institucionales firmes, para evitar cualquier tentación de regresión”, atajó.
Durante su discurso, en todo momento defendió el modelo “distinto” de trabajo en la Comisión que redujo al mínimo el uso de recursos para mantenerse “operativa”, pero cumpliendo “como nunca” sus labores.
Aseveró que las más de 370 recomendaciones emitidas en el último año, así como las 80 acciones de inconstitucionalidad promovidas, son actos que ningún otro organismo en su tipo a nivel mundial, ha logrado.
Ello, porque se modificó el proceder del organismo, que dejó a un lado su obligación de defender a la ciudadanía.
Se derribó el “mito” de que los organismos autónomos necesitaban “burocracias doradas”, dijo.
En cuanto a las recomendaciones sobre casos emblemáticos, sin dar mayor detalle, se limitó a señalar que está en elaboración el nuevo estudio sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, a raíz de la queja presentada en el año 2021 por los padres de los jóvenes.
Asimismo, la recomendación más antigua a la que tuvo acceso al momento de asumir el puesto, referente a la Guerra Sucia sigue proceso de atención porque las instancias a las que iba dirigida nunca la cumplieron.
Piedra Ibarra aseguró que desde su nombramiento, ha tenido que enfrentar una campaña de descrédito, así como de evasión de defensa de las víctimas y el retraso en la emisión de recomendaciones.
Acusó que había una “estrategia perversa” emprendida por quienes llamó “lobos con piel de oveja” contratados por anteriores administraciones para defender delincuentes.
La “autonomía” que presuntamente se ostentaba bajo otras direcciones era escenografía, recriminó.
También se actuaba de manera reactiva, siguiendo la “inercia” de los sucesos en el país y bajo mecanismos de atención a las víctimas de violaciones a derechos humanos, “obsoletos”.
Incluso, afirmó que desde su creación en la década de 1990 la instancia se ofreció a la ciudadanía como respuesta a los reclamos de familiares de las víctimas de violaciones a los derechos por parte del Estado, incluyendo a su propia madre, la activista Rosario Piedra, pero terminó siendo “una burla sangrienta” de gobiernos anteriores.
El despacho “torció” el sentido de las investigaciones, se abandonó la lucha por proteger a la ciudadanía y la búsqueda de justicia, por lo que se convirtió en un “verdadero fraude”, remarcó.
Indicó que la reforma emprendida no ha concluido y se llegó sólo hasta donde la ley lo permitió, por lo que no fue posible desaparecer la actual Comisión, para sustituirla por la citada Defensoría Nacional de los Derechos de Pueblo.
