El Pleno del Senado aprobó, en su última sesión ordinaria del primero periodo de su tercer año, un dictamen para solicitar a los congresos locales de diversas entidades federativas que armonicen su legislación en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio.
La propuesta promovida por la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, urge a los congresos locales a que hagan las adecuaciones normativas correspondientes en su legislación local en la materia para garantizar la seguridad e interés superior de la niñez.
Los congreso locales que deberán atender el llamado son los de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas.
En el documento aprobado , las y los senadores detallaron que el pasado 2 de marzo fue avalada una reforma al Código Penal y Civil del estado de Puebla, iniciativa bautizada como “Ley Monzón” que consiste en suspender la patria potestad a posibles feminicidas y retirarla si se confirman las sentencias.
Con ello, la entidad se convirtió en el primer estado del país en promulgar una ley de este tipo y sentó un precedente que activistas, colectivos feministas y familiares de víctimas esperan que se convierta en ley nacional.
Es por ello que las y los legisladores, en el Senado de la República, coincidieron en la necesidad de que se discuta y analice este tipo de modificaciones en los códigos penales de todas las entidades federativas.
“Con este exhorto se busca impulsar la modificación del marco legal del sistema jurídico mexicano, con el propósito de legislar en favor de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de la violencia feminicida”, manifiesta el dictamen
Reiteran que se busca proteger no sólo a las mujeres ante la violencia extrema que se ejerce contra ellas por razón de género, sino también garantizar la seguridad e interés superior de la niñez, de sus hijas e hijos que quedan en la orfandad por el delito de feminicidio.
