El diputado Joaquín Zebadúa Alva (Morena) presentó una iniciativa que adiciona una fracción VIII al artículo 6 y se reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, para que el Estado instrumente medidas para el suministro eléctrico en condiciones de equidad y justicia social a las comunidades afectadas por la construcción de presas hidroeléctricas.
La modificación precisa que el Estado, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), “diseñará e instrumentará mecanismos que permitan el acceso al suministro eléctrico en condiciones de equidad y justicia social a las comunidades y pueblos cuyos territorios fueron afectados por la construcción de presas hidroeléctricas”.
Añade que estos elementos podrán incluir, de manera enunciativa, más no limitativa, tarifas preferenciales, garantía de suministro en comunidades rurales y mantenimiento permanente con inclusión de mano de obra local.
La iniciativa reforma el segundo párrafo del artículo 139 para incorporar a “las entidades federativas productoras de energía hidroeléctrica”.
De esta forma el párrafo quedaría: El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distintas a las finales para grupos de usuarios del suministro básico “y para las entidades federativas productoras de energía hidroeléctrica”, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE.La iniciativa, turnada a la Comisión de Energía para dictamen, señala que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con 60 centrales hidroeléctricas que aportan una producción de energía efectiva de 12 millones 125 mil 363 megavatios (MW), lo que representa alrededor del 12 por ciento de la generación total en México.
“Más de la mitad de la energía hidroeléctrica se produce en el estado y aún queda pendiente saldar la deuda por el saqueo desmesurado de los recursos naturales, el desplazamiento forzado, el hostigamiento a los ejidatarios y el silencio de los pueblos originarios que, en el siglo pasado, no fueron consultados para decidir sobre su territorio”, subraya. Puntualiza que el establecimiento de una tarifa preferencial para el estado de Chiapas es un reclamo justo del pueblo, pues la idea surge de esfuerzos de las organizaciones civiles para compensar el extractivismo en las etapas de consolidación del desarrollo nacional.
