El Poder Judicial en México debería estar sujeto a contrapesos y rendición de cuentas ante el Legislativo, sin que su autonomía se vea afectada, propusieron integrantes de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados.
El vicecoordinador Benjamín Robles y su compañera de fracción, Maribel Martínez, plantearon que el informe anual de labores del Poder Judicial sea enviado a ambas Cámaras del Congreso.
ambién pidieron que los ministros de la Corte y los consejeros de la Judicatura sean llamados a comparecer ante los legisladores para ampliar la información sobre el estado que guarda la administración de la justicia federal, el combate a la corrupción y otros temas de organización interior en el Judicial, así como el uso de recursos públicos.
Las comparecencias se llevarían a cabo bajo protesta de decir verdad, y serían obligatorias.
El proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, recalca que no sólo la presidenta o presidente de la Corte, sino el resto de los ministros de la Sala Superior serán llamados a comparecer.
Lo mismo sucederá con los integrantes del Consejo de la Judicatura.
Cuando se hagan los citatorios correspondientes, serán llamados todos los integrantes de la Corte y los consejeros de la Judicatura en su conjunto, por lo que no podrán ser citados en lo individual ministros y ministras ni consejeros y consejeras.
Las comparecencias deberán realizarse dentro de los 15 días siguientes a la recepción del informe de labores del Poder Judicial, para garantizar que los citatorios tienen qué ver con el balance de trabajos en dicha instancia, e impedir que los ministros y consejeros sean llamados en otro momento.
Al justificar el planteamiento publicado en la Gaceta Parlamentaria, los promoventes afirmaron que su intención es abonar a la adecuada división de poderes, como un pilar del sistema democrático en el país y un mecanismo de freno a los abusos de gobernantes.
En el caso del Poder Judicial, argumentaron, que es ajeno a las pugnas políticas entre el Legislativo y el Ejecutivo, debería encontrarse en la “cima” del esquema de pesos y contrapesos.
Sin embargo, ello implica que por encima de ese Poder no hay quien exija rendición de cuentas ni responsabilidades, lo que ha tergiversado su autonomía, convirtiéndola en “autocracia”.
Ante ese hecho, los petistas manifestaron que no es posible mantener como hasta ahora, como único mecanismo de rendición de cuentas en el Judicial, la presentación del informe anual de labres de la presidencia de la Corte.
Dicho reporte, dijeron los congresistas del bloque mayoritario, es “simbólico”, porque los titulares del Judicial lo rinden ante sí mismos, y no ante otros actores que pudieran demandar transparencia ni rendición de cuentas.
Incluso, manifestaron que el informe anual es para “la foto”, es una herramienta “a modo” que no tiene trascendencia ni efectos jurídicos.
“Lo anterior resulta inconcebible en una democracia madura; ninguna institución pública debe estar exenta de mecanismos eficientes de rendición de cuentas y menos cuando históricamente la impartición de justicia es percibida por las y los ciudadanos como una de las funciones donde se registra mayor corrupción, negligencia e ineficiencia burocrática en nuestro país”, alertaron.
