El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la Cámara de Diputados, propuso aumentar las penas, hasta en una mitad en su mínimo y máximo, para el abuso sexual y la violación cuando se suministren fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o artificial para anular la voluntad de la víctima.
La diputada Nayeli Fernández Cruz, promovente de la iniciativa, planteó modificar los artículos 260, 266 Bis, 272 y 374 del Código Penal Federal, pues en los últimos años ha resultado alarmante el uso de sustancias químicas o naturales con el fin de modificar el estado de consciencia de las personas, el comportamiento o inclusive anular su voluntad con la intención de hacerlos vulnerables a la comisión de delitos.
En su propuesta, explicó que diversas organizaciones civiles han señalado que tan solo en la Ciudad de México más de 300 mujeres son violadas cada año en completo estado de narcosis. A estos datos se suma el estudio del Instituto Nacional de las Mujeres, “Violencia sexual contra las mujeres y consumo de drogas” que, en 2017, detalló que muy pocos casos de violación son denunciados y cuando esto ocurre, se concluye que el consumo de alcohol o drogas fue voluntario.
“Es importante señalar que la mayoría de las sustancias empleadas por los victimarios son difíciles de detectar cuando se asiste al médico legista o se realizan los peritajes”, mencionó la legisladora.
Ante esta situación, la diputada ecologista señaló la gravedad de que la falta de una denominación específica a este actuar, conocida y compartida por la población en nuestro país, no se mencione y no se encuentre considerada en la estadística criminal nacional, siendo incluida dentro de la estadística general de otros delitos.
Asimismo, explicó que en la actualidad, solo Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán han incorporado dentro de su legislación aspectos relacionados con la prevención y sanción de los casos de sumisión química relacionados con la violencia sexual contra mujeres, sin embargo, resaltó que se trata de un delito que debe de ser contemplado a nivel nacional.
“En nuestra legislación el uso de estas sustancias químicas o naturales para manipular la voluntad de las personas o modificar su comportamiento no se prevé como circunstancia agravante, por ello es necesario realizar un análisis de la legislación vigente y modificarla, para sancionar de mejor manera los delitos que estas facilitan”, finalizó Fernández Cruz.
