El Gobierno Federal debe cumplir los mandatos judiciales que han ordenado retirar de las escuelas del país, los libros de texto gratuitos que fueron impugnados por incumplir con las normas en materia educativa, en su elaboración, demandaron integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.
Los congresistas del tricolor insistieron en que los materiales no sólo presentan errores gramaticales, de información y de tipo técnico, sino que incluyen una “agenda política” y una “visión sesgada de la historia” y la educación en el país.
La diputada Sayonara Vargas y el diputado José Antonio Gutiérrez, así como otros integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, recordaron que la Constitución marca que la educación en el país debe ser imparcial, equilibrada y objetiva, pero los nuevos materiales no cumplen esas características.
En consecuencia, expresaron su respaldo a las demandas de asociaciones civiles que se ampararon contra la distribución de los textos y obtuvieron resoluciones judiciales favorables para que el Ejecutivo Federal recoja los materiales y los corrija.
Recalcaron que la ley educativa marca que los materiales para los alumnos del país, deben elaborarse a partir de consultas amplias y transparentes con especialistas y padres de familia.
De lo contrario, alertaron, la calidad de la instrucción de la niñez mexicana está en riesgo.
Subrayaron que los libros han sido criticados por distorsionar pasajes de la historia, que de acuerdo a especialistas en pedagogía de la educación, podrían provocar distorsiones en los alumnos, en la comprensión de la historia del país y su contexto global.
Tampoco se consultó ni integró a expertos en el diseño de los nuevos libros, lo que demerita la calidad de las publicaciones oficiales, recalcó el diputado Gutiérrez Jardón.
La diputada Vargas Rodríguez recordó que desde el pasado mes de abril, asociaciones de padres de familia presentaron amparos para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos, al considerar que no cumplen con los criterios de calidad en su elaboración y contenidos, conforme a la ley en la materia.
Pidió no olvidar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) reservó por cinco años la información respecto al proceso de elaboración de los materiales, por lo que padres de familia, asociaciones y especialistas no tienen acceso a esos datos, lo que mantiene en la opacidad los criterios aplicados para diseñar los contenidos educativos.
Indicó que genera especial preocupación la inclusión de información para los alumnos a través de códigos QR, que queda fuera del alcance de comunidades y escuelas de zonas indígenas, rurales y urbanas donde no hay internet.
La Congresista manifestó que se desconoce la formación, trayectoria ni conocimientos de quienes formularon los nuevos textos, así como la metodología aplicada para elaborarlos.
